La Fiscal General, Thelma Aldana, y el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, conversaron en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas acerca de algunos puntos que han generado dudas acerca de las reformas constitucionales al sector justicia que se esperan conocidas en la sesión de este lunes en el Congreso de la República.

“Hoy es un día importante que puede marcar positivamente la historia del país y queremos ser parte, presenciar lo que los diputados discuten y estar ahí”, dijo la Fiscal General acerca de su presencia y la del PDH en la sesión de este lunes en el Congreso.

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Antejuicio

Aldana reiteró su opinión de que el antejuicio no debería de existir en el país porque “riñe con el principio de igualdad”. En cuanto a la propuesta, dijo que “se convierte en una garantía contra el mismo funcionario, si es honrado”, ya que permite investigar al señalado y según los hallazgos, la Fiscalía decidiría presentar o no el antejuicio.

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Jurisdicción indígena

La Fiscal General explicó que se busca darle un rango constitucional. En ejemplos donde le hablaron de escenarios que involucren conflictos con hidroeléctricas, corrupción en comunas indígenas, asesinatos y violaciones, indicó que serán conocidos por la jurisdicción ordinaria y no la indígena.

“La justicia no es de izquierda ni de derecho, sino es de derecho” expresó Aldana y agregó que la jurisdicción indígena permite. “solventar y resolver los problemas que se pueden dar día a día en busca de la paz social”

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Para De León Duque, el rechazo a la jurisdicción indígena es muestra del racismo enraizado en el país y consideró que esa propuesta no es la que divide al país sino lo que realmente ocurre es que Guatemala es un estado construido sobre la pobreza, miseria y discriminación.

La gente tiene que tener la tranquilidad de que con el reconocimiento a la jurisdicción indígena no se va a alterar las relaciones sociales, enfatizó el PDH.

José Castro

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“No es ninguna garantía el hecho de que esté escrita” en respuesta a la duda que genera el hecho de que la jurisdicción indígena no consta por escrito.

En el caso de reformas que se hagan a la propuesta, Aldana consideró que cualquier discusión al respecto es válida, toda vez sea de buena fe sin afectar la integralidad de lo que se propone.