La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó el amparo provisional a favor del Centro de Acción Legal-Ambiental y Social (Calas), lo cual suspende temporalmente las operaciones del proyecto minero denominado “Progreso VII Derivada” y conocido como La Puya.

Según la resolución del máximo tribunal, la licencia de explotación de oro y plata en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo estará suspendida hasta que el Ministerio de Energía y Minas realice la consulta popular en dichos lugares.

Rafael Maldonado, representante de Calas, indicó que la respuesta de la Corte confirma la postura de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en caso de que la población de ambos municipios digan que no, el Ministerio de Energía deberá cancelar el permiso minero, ya que si se continúa la explotación se viola el artículo 2 de la Constitución, que es la paz social.

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