Debido a las anomalías en la contratación de la Droguería Pisa para el tratamiento de pacientes renales, la Contraloría General de Cuentas anunció en una citación en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que buscarán ser querellantes adhesivos en el proceso legal.

La citación que originalmente era para la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), fueron enviados los subgerentes de la institución, donde la encargada de la Comisión de Integridad y Transparencia del Seguro Social, Estela Cuellar, informó que se presentó una denuncia contra la empresa encargada de brindar el servicio donde se les acusa por homicidio culposo y omisión.

Por lo que corresponde al Ministerio Público investigar las causas que generaron la muerte a los pacientes y solicitaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizar las pruebas correspondientes.

Sin embargo, el subgerente de Prestaciones en Salud, Byron H. Arana, mencionó que desde febrero empezaron a supervisar la reacción que tuvieron los pacientes con la nueva empresa y desde abril observaron un incremento en las infecciones debido a que la Droguería no realizó un plan educativo para la aplicación del medicamento.

El IGSS atiende a 1,500 pacientes con hemodiálisis y a otros 520 les realizan diálisis peritoneal, por lo que han realizado compras directas para brindar el servicio.

Orlando Blanco, diputado de la UNE cuestionó las empresas a quienes están realizando dichas adquisiciones, pues son Medicina Corporativa y Sugerencias Médicas, las cuales están vinculadas a financiar al candidato presidencial, Manuel Baldizón.