Los representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) han interpuesto una acción de amparo en contra del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2015.

“El financiamiento pone en riesgo la transparencia de la gestión pública debido a que el proyecto contiene claras violaciones al proceso legislativo”, mencionó Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG.

El sector empresarial criticó la asignación de más de Q2 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Q500 millones para municipalidades porque no se precisa el destino específico.

El documento fue entregado en la Corte de Constitucionalidad.

“Los nuevos impuestos tienen un efecto directo sobre la certeza jurídica que se les ofrece a los inversionistas extranjeros”, mencionó Fernando López, presidente de la entidad.

El mandatario Otto Pérez aseguró que lamentó la actitud de los empresarios, ya que el Estado “requiere de esos fondos para su funcionamiento”.