Principales involucrados
  • Personal de la SAT:

    • Carlos Enrique Muñoz Roldán, exsuperintendente de la SAT.

    • Álvaro Omar Franco Chacón, exsuperintendente de la SAT;

    • Sebastián Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos;

    • Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT;

    • Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central;

    • Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur;

    • José Rolando Gil Monterroso;

    • Melvin Gudiel Alvarado, administrador; y


 

  • Red externa (todos sindicados por los delitos de asociación ilícita y caso especial de contrabando aduanero)

    • Adolfo Sebastián Batz;

    • Carlos Ixtuc Cuc;

    • Geovanni Marroquín Navas;

    • Julio César Aldana Sosa;

    • Mónica Patricia Jáuregui;

    • Salvador Estuardo González;

    • Osama Ezzat Aziz Aranki;

    • Byron Antonio Izquierdo;

    • Francisco Javier Ortiz Arriaga;

    • Julio Estuardo González de León;

    • Herbert Francisco Cabrera;

    • Miguel Ángel Lemus Aldana.

 

Este 28 de marzo se prevé el primer día de audiencia de etapa intermedia, en la que 30 sindicados sabrán si enfrentarán juicio por su implicación en el caso de defraudación aduanera denominado La Línea.

Los cabecillas del grupo criminal son el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, (acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera), quienes se volverán a saludar y estarán sentados en el banquillo de los acusados. La última vez que estuvieron juntos en una actividad pública fue cuando se “discutía” la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en abril de 2015.

La cita será a las 8:30 horas en la sala 6a. del nivel 14 en la Torre de Tribunales, que tiene capacidad para 100 personas, aunque por primera vez el Organismo Judicial solicitó a los periodistas nacionales e internaciones acreditarse y están avalados para cubrir el evento 172.

Seguridad

Un dispositivo “impresionante” se preparó para el traslado de los sindicados desde tres prisiones. Cada reo tendrá a cinco guardias y Pérez, Baldetti, Salvador González, alias “Eco” y Juan Carlos Monzón, “el Morado” tendrán a 25 cada uno.

Sindicados.

Sindicados.

Cortesía

Foto:

Los elegidos para ingresar serán los 30 señalados y 52 defensores, ya que algunos, como Pérez y Baldetti cuentan con dos o hasta tres abogados.

También Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien mencionó a Publinews sentirse “claro, seguro y tranquilo”. Estarán los representantes de la CICIG y los querellantes (la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Administración Tributaria).

La audiencia será dirigida por Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien estará acompañado por su secretaria, un oficial del juzgado y sus cuatro guardaespaldas.

Salvador González, alias “Eco”, quien organizaba los sobornos y declaró como colaborador eficaz para pretender una disminución de la pena, estará en una sala aparte al igual que el exmilitar Juan Carlos Monzón, “el Morado” y “JC”, quien era el hombre de confianza de Baldetti al ser su secretario privado.

Debido a la independencia judicial, será Gálvez quien decida si se realiza la audiencia en la Torre de Tribunales o ante la gran cantidad de personas, guardias y periodistas, solicita el traslado a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, con capacidad para 450 personas.

En la carceleta estarán Omar Franco, quien dirigía el ente recaudador el 16 de abril de 2015 cuando se realizaron los allanamientos y fue detenido. Será acompañado de su antecesor Carlos Muñoz y Francisco Javier Ortiz, “el Teniente Jerez”, quien enfrentó proceso judicial por la red de contrabando en las aduanas de la red del difunto Alfredo Moreno.

El ente investigador cuenta con 215 medios de convicción que incluyen más de 30 mil documentos, 50 mil correos electrónicos y 100 mil llamadas telefónicas. Se destacan las cinco mil 175 declaraciones únicas aduaneras. La acusación detalla que el grupo defraudó al Estado desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 16 de abril de 2015 por Q28.5 millones.