Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Muñoz Roldán, quien dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y está preso por el caso La Línea, ha acudido a la Sala de Extinción de Dominio y ha solicita que revoquen la decisión de un juez de inmovilizar más de Q2 millones en las cuentas bancarias.

“Solicito anular la decisión”, mencionó Muñoz Morales, acompañado de su abogado y ha mostrado algunos documentos.

La Sala ha rechazado la petición por lo que el monto de Q2 millones, 19 mil 870 seguirán embargados.

Dos de las cuentas están a nombre de la entidad de consultorías Plan Alternativo, S. A., en la cual figura como único administrador Muñoz Morales.

Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Muñoz Roldá.

Pablo Gerardo Muñoz Morales, hijo de Carlos Muñoz Roldá.

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El caso

La semana pasada, Marco Villeda, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, avaló la petición de la Fiscalía de congelar cuatro cuentas bancarias a nombre de Muñoz Morales, por existir “indicios” que no justifican la manera de obtener el dinero.

Su padre, Muñoz Roldán fue detenido el 16 de abril de 2015 luego de varios allanamientos cuando el ente investigador y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desbarataron la red de corrupción en las aduanas.

En repetidas oportunidades Muñoz Roldán mencionó que “jamás” recibió dinero del grupo que defraudó al Estado por Q28.5 millones desde el 8 de mayo de 2014 hasta la mañana en que fue detenido junto a otras 21 personas.

El 8 de enero de 2015 Muñoz Roldán fue destituido del cargo y en su lugar fue nombrado Franco.

En la audiencia de primera declaración la Fiscalía reprodujo conversaciones telefónicas entre Muñoz Roldán y el exmilitar Juan Carlos Monzón, quien ostentaba el cargo de secretario privado de la vicepresidencia.

Una de las escuchas se refiere a que la “R” es la letra usada para referirse a la “recaudación” que hacía el grupo con los cobros de los sobornos a los importadores por el ingreso de la mercadería.

En el proceso que conoce el juez Miguel Ángel Gálvez está la acusación en contra del expresidente Pérez y la exvicemandataria Roxana Baldetti. Ambos son señalados de ser los cabecillas de la estructura.