Un dispositivo de seguridad se planifica para el traslado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti al Juzgado Penal de Villa Nueva en donde se realizará la audiencia de primera declaración por el caso de fraude al Estado de Guatemala derivado de la limpieza del lago de Amatitlán con una “fórmula mágica”.

Baldetti está en la cárcel para mujeres Santa Teresa, en la zona 18 y de madrugada será trasladada al Juzgado, junto a los 14 implicados, entre ellos, su hermano Mario Baldetti, quien está señalado de ser el “negociador” y el “jefe” quien coordinó las contrataciones de personal.

La Fiscalía le imputará trafico de influencias y fraude a Baldetti, quien está vinculada como cabecilla de la estructura criminal que defraudó al Estado con el cobro de sobornos a los importadores en el caso La Línea.

Mario Baldetti.

Mario Baldetti.

Publinews

Foto:

Los dos casos fueron investigados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La Fiscalía solicitó a la Cámara Penal de la CSJ que el proceso sea trasladado a un juzgado de mayor riesgo, aunque no ha sido autorizado.

Señalados.

Señalados.

MP

Foto:

El caso del lago

El 23 de febrero, durante 20 allanamientos, las autoridades detuvieron a 14 personas, entre ellas, el hermano de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por un presunto fraude por la adquisición de un líquido para limpiar el lago de Amatitlán.

La estructura criminal era liderada por la ex vicegobernante y coordinada por su hermano Mario Baldetti, quien fue detenido en la zona 5.

Según la fiscalía, Mario Baldetti organizó la licitación, adjudicación, y el nombramiento de funcionarios para cerrar los círculos del “negocio”.

También fue detenido el empresario argentino-israelí Hugo Roitman, quien era representante de la empresa israelí M. Tarcic Engineering que había vendido la “fórmula mágica” para limpiar el lago.

Entre los detenidos hay funcionarios y exfuncionarios de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA).

Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) mencionó que el negocio fue “evidente estafa al Estado, el propósito era ese”.

La empresa israelí se benefició con el contrato de la “fabulosa fórmula descontaminadora” y el Estado le hizo un primer pago de Q22.7 millones de Q137 que era el total.