El Juzgado de Primera Instancia No. 35 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Protección Civil del Derecho al Honor interpuesta por el ex Ministro Carlos Vielmann contra 16 personas físicas y jurídicas en relación con “las falsas y vejatorias afirmaciones vertidas por ellos en el documental titulado ‘Impunidad. Reporte Guatemala’, difundido a través del conocidísimo portal de Internet Youtube”.

Entre los demandados se encuentran, además del Director, el Productor y la Editora del reportaje, varios responsables o ex responsables de la llamada Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como su anterior Comisionado, Francisco Dall’Anese, el que fuera Consejero Político de CICIG, Aníbal Gutiérrez, el Jefe de Información y Análisis de CICIG, Cristian Gamboa o el Fiscal Chrystian Ulate. También aparecen como demandados Héctor Rosada-Granados, ex-secretario de la Presidencia de la República para la Paz, Claudia Paz, ex Fiscal General de Guatemala, la periodista Marielos Monzón, el recluso Carlos Bendfelt y la propia CICIG.

El documental elaborado por los demandados atribuía a Carlos Vielmann, ex Ministro de Gobernación de Guatemala, “la creación de un aparato represivo clandestino y al margen de las autoridades del Estado de Guatemala (...); haber ordenado ejecuciones extrajudiciales masivas e indiscriminadas de personas de determinada condición social como campesinos, indígenas o presos”. Además, en dicho trabajo también se atribuye al ex Ministro “haber planeado y ordenado el asesinato de diez presos guatemaltecos”, en referencia a los sucesos de El Infiernito y el penal de Pavón, y se vincula a su familia “de manera totalmente falsa” con “dictaduras militares que asolaron Guatemala en el siglo XX y por su relación política con el Movimiento de Liberación Nacional”.

En la demanda, los abogados de Carlos Vielmann, Alfonso Trallero y Enrique Molina, destacan el momento de la publicación, difusión mundial y repercusión mediática del vídeo difamatorio, que se publicó en el portal Youtube el 21 de mayo de 2014, pese a estar finalizado desde el año 2012. “De este modo, estando pendientes las causas del Sr. Sperisen y del Sr. Vielmann, es evidente que la intención de los demandados era influir en los órganos judiciales y aumentar la presión sobre éstos, al objeto de evitar un nuevo fallo absolutorio”.

Por todo ello, en la demanda se solicita que se declare la existencia de intromisión ilegítima en el honor de Carlos Vielmann y que se condene a los demandados a una indemnización por los daños y perjuicios morales y materiales causados con la divulgación del vídeo difamatorio, señalándose de un modo provisional una cuantía de 200.000 euros. Finalmente, la demanda pide que se ordene la publicación del texto de la sentencia que se dicte en su día.

Los demandados serán emplazados en Guatemala en los próximos días al objeto de que comparezcan en el Juzgado de Madrid dentro del plazo de 20 días. Si no lo hicieran, serían declarados en rebeldía y el procedimiento seguiría contra ellos en todo caso.