Para Omar Barrios, del Centro de Estudios de Derecho, fue “un error político y administrativo que puede afectar el proceso” la reunión que sostuvo el presidente, Jimmy Morales con representantes de Maersk, empresa que es la propietaria de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Barrios fue el analista invitado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, en el que también participó el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, y el comisionado presidencial, Enrique Godoy.

Blanco insistió en que Morales no tenía que reunirse con los delegados de Maersk “ya que hay un litigio y en de marco uno no se puede salir”, argumentó. A su criterio, la reunión tuvo que llevarse con la Empresa Portuaria Quetzal y con presencia de la Procuradora General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán.

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El analista no considera que el presidente haya cometido tráfico de influencias en ese caso, aunque estimó que debe ser un llamado de atención para los asesores de Morales. Asimismo, dijo que no ve viable demandar una nulidad del contrato con TCQ si no se agota la vía administrativa, y enfatizó ese proceso es independiente de las acciones judiciales.

“Otros actores se reunieron y no actuaron al margen de la ley” comentó Enrique Godoy, al indicar que los representantes de Maersk también se reunieron con abogados de la PNG, así como con la Fiscal General, Thelma Aldana y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como posiblemente con acreedores.

Godoy recordó que hasta el momento no se ha encausado ningún proceso de nulidad y agregó que en ningún caso la reunión del presidente significó negociaciones.