La Fiscal General, Thelma Aldana y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, se reunieron con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para conversar acerca de una consulta popular.

Se trata de la eventual consulta que se daría después de que el Congreso de la República apruebe las reformas constitucionales al sector justicia que fueron entregadas luego de un proceso de recepción de propuestas en diferentes mesas de trabajo.

El magistrado Julio Solórzano, presidente en funciones del TSE, expuso que fue una reunión técnica para abordar el tema.

“Solo se puede hacer cuando ya estén todas las condiciones necesarias para convocar, eventualmente se estima un plazo de 6 meses, lo oportuno, aunque podría ser más o menos, pero es el Tribunal quien lo definirá”, dijo Solórzano.

Los 6 meses aproximados de plazo serían después de que las reformas tengan aprobación en el Legislativo.

En la reunión también participó el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, y representantes de Naciones Unidas.

Acerca de las propuetas hay sectores que han solicitado que sean analizadas a profundidad. Un ejemplo es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (Cacif), cuyos directivos expresaron que “en el documento final se proponen temas donde hubo importantes diferencias y otros que no se discutieron, como el pluralismo jurídico, donde nuestra postura es que no es necesario hacer modificaciones constitucionales para no tener sistemas jurídicos paralelos”,