“Deben trabajar en conjunto”
Análisis de Gustavo García, de Asíes

Llamó la atención que el interventor anunció la propuesta solo, aunque no dudamos de que haya sido de buena fe, tuvo que haberse trabajado de mutuo acuerdo con la PGN, porque no se debe olvidar que es el abogado del Estado que vela por los intereses del país, porque debe lograrse que los sectores ganen.

Diputados de la Comisión de Transparencia del Congreso cuestionan la sugerencia del interventor de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

Luego de haber recibido la aceptación de la empresa AMP Terminals de indemnizar al Estado por US$43.2 millones, la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, explicó que la única opción es continuar el procedimiento legal que existe y que se cumpla con la ley y llegar hasta las últimas consecuencias como lo es la sentencia.

El año pasado inició un juicio en la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo donde, se busca anular el usufructo que firmó TCQ.

Morfín resaltó que no se puede iniciar un nuevo proceso de concesión porque los bienes de la empresa portuaria están comprometidos y hasta que no se anule el contrato actual no se recupera la propiedad de los inmuebles, por lo que de buena voluntad se presenten a los tribunales.

Recibí la autorización del presidente para analizar la propuesta y establecer una ruta para considerar si es pertinente aceptar la negociación, por lo que se iniciará la recopilación de información por los ministerios de Finanzas, Economía y Comunicaciones”, agregó la funcionaria.

Asimismo, Morfín comentó que con la documentación que reciba analizará si acepta la reparación económica que   sugirió el interventor, pues se debe considerar si satisface los intereses del Estado en los términos que se le pudo causar daño y desprestigio al país a nivel internacional por los actos ilícitos.

Alex Aizenstatd, encargado de la intervención en TCQ, mencionó que la propuesta surgió de un acercamiento de APM para colaborar con las investigaciones y poner a operar la terminal.

Sin embargo, afirmó que su propuesta fue mayor de lo que propuso cancelar APM que era alrededor de US$20 millones.

Carlos Barreda, diputado de la comisión de transparencia, resaltó que se debe evaluar el impacto del funcionamiento de TCQ.