Tras insistir de ilegalidades en la concesión a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagrán confirmó en el Congreso que recibió autorización del Ejecutivo para iniciar el proceso de nulidad del contrato.

Durante una citación en la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la funcionaria explicó que la anulación del usufructo será total por vicios de consentimiento, ya que los interventores no tenían facultad para realizar ese contrato, y se pedirá porque los bajos precios dañan al Estado.

El representante del Programan Nacional para la Competitividad, Enrique Godoy, señaló que se pedirá el embargo o intervención de la caja financiera de TCQ, como medida precautoria, mientras se realiza la anulación del contrato.

Sin embargo, el diputado de la UNE, Carlos Barreda, criticó que las autoridades no conozcan son los accionistas de la Terminal, y puedan ser investigados en caso de haber otorgado coimas para obtener dicho usufructo.

Según la procuradora, una empresa holandesa compró el 85% de las acciones de TCQ, pero hace falta conocer el 15% restante de accionistas, por lo que Barreda indica que si se interviene la terminal, las operaciones seguirán a cargo de TCQ.