Cabizbajo y tranquilo lució el empresario Pedro Muadi cuando escuchó que un juez lo había enviado a la cárcel por su implicación en el caso de las plazas fantasma cuando fue presidente del Congreso.

El empresario que financió la campaña del expresidente Otto Pérez (encarcelado por el caso de corrupción en las aduanas denominado La Línea) acudió al Juzgado Undécimo Penal, a cargo de Eduardo Cojulum, al enterarse que había una orden para detenerlo.

“Vine dispuesto a cualquier cosa”, explicó antes de comenzar la audiencia, aunque por la acumulación de casos en la judicatura, no se realizó la audiencia de primera declaración y fue enviado a prisión provisional al cuartel Mariscal Zabala.

Cojulum ordenó que los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le practicaran exámenes porque Muadi adujo que tenía dolor en la glándula parótida (situada por debajo del conducto auditivo).

La audiencia se realizará el 4 de noviembre en la que la fiscalía le imputará los delitos de peculado y asociación ilícita por su presunta vinculación con la sustracción de fondos del Organismo Legislativo.

Fue un error muy grande entrar a la política”, mencionó Muadi al salir de la audiencia y ser engrilletado por un policía, momentos antes de ser trasladado a la sede militar. Su abogado Héctor Maldonado explicó que esa no debía ser la resolución porque se había entregado.

"Soy el primer interesado en que el proceso de justicia funcione. Estoy con la frente en alto, con la conciencia tranquila, tengo confianza en la justicia”, mencionó Muadi.

El caso

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) plantearon un antejuicio en contra de Muadi el 25 de junio cuando era diputado independiente, ya que había renunciado al Partido Patriota (PP).

En 2013, cuando Muadi presidió el Congreso, tenía asignado un grupo de seguridad personal de 15 guardias, integrado por personal de la empresa privada de seguridad Grupo Sis, cuyos miembros devengaban un sueldo de Q5 mil, pagado por dicha compañía.
 

Para desviar fondos de la institución el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario, los cuales serían pagados con fondos del Congreso, por ello cada uno debería firmar un contrato por un sueldo de Q8 mil con este organismo.

El dinero fue depositado a la empresa P.S.E. S.A., que dirige Muadi. La investigación detalla que se pudo haber apropiado de Q630 mil.

Por este caso están vinculados Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi Meléndez, y José Estuardo Blanco Aguilar, jefe de seguridad del diputado.

Pierde inmunidad

El 21 de octubre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Muadi luego del informe de la pesquisidora Sonia de La Paz Santizo, que recomendó que el empresario había participado en el desvío de fondos del Congreso.

Muadi renunció al cargo el 23 de octubre y dijo “estar dispuesto a enfrenar a la justicia”.