Antonio Molina Samayoa, asesor jurídico del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, interpuso una acción de inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad en contra el acuerdo del Ministerio de Gobernación que dio vida a la Fundación contra el Terrorismo Mediático, al considerar que viola la libre expresión.

"Es en contra de todo el acuerdo porque viola la libre expresión del pensamiento que es un derecho regulado en el artículo 35 de la Constitución", expresa el abogado del procurador.

"Solamente su nombre es como regresar a una era primitiva", añade.

La Fundación se creó el 11 de marzo por medio del acuerdo ministerial 163-2015 que se publicó en el Diario de Centro América el 23 de marzo.

Los directivos son José Ovidio Orellana de León Roque, quien trabajó en Caminos hasta el 26 de marzo, además es contratista del Estado ya que en el portal de Guatecompras le adjudicaron contratos por diversos servicios por Q2 millones.

"Por medio de un acuerdo ministerial se le está dando autorización cuyo fin fundamental ataca a los medios de comunicación", finaliza el letrado.

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