Coincidentemente el mismo día la cúpula empresarial y Pérez se pronunciaron por los distintos contratos que han sido objeto de críticas debido a supuestas anomalías.

El mandatario confirmó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría General de la Presidencia analizan tres casos en particular.

De hecho, informó que uno fue rescindido. Se trata del arrendamiento del estacionamiento del aeropuerto La Aurora. “La PGN tomó cartas en el asunto y el contrato va camino a ser rescindido. Por supuesto, la empresa apeló, pero su acción fue rechazada por el Ministerio de Comunicaciones. Con esto, lo que queda es que la Dirección General de Aeronáutica Civil tome el control y empiece a operar”, afirmó.

Añadió que otro de los casos que analizan es el contrato para abastecer de combustible a la terminal aérea. “La PGN y la CGC ya detectaron anomalías. Lo que procede es determinar si se cancela”, agregó.

La empresa Terminales del Atlántico se pronunció. “A la fecha los tribunales no han suspendido o dejado sin efecto el contrato”, consigna un comunicado de prensa.

El tercer caso es el del lago de Amatitlán. Luego de la polémica que se generó por la contratación de la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. para que vertiera un líquido para sanear el lugar, cuyo contrato ascendía a Q137 millones, de los cuales se erogaron Q22 millones, la PGN accionó legalmente contra la entidad.

No se tiene evidencia de que se haya realizado alguna prueba que garantiza la efectividad del producto y que no afecte el medioambiente. Además, no se consta que la referida entidad haya obtenido sus licencias sanitarias correspondientes por el ministerio de Salud”, consigna la denuncia penal que interpusieron los abogados de la PGN. También se solicita que se devuelvan los Q22 millones que ya se pagaron.

Pérez afirmó que la cartera de Salud le envió a una entidad de EE. UU. la fórmula para que sea analizada y, luego, deducir responsabilidades, después de que esa dependencia confirmara que el 97% de la sustancia estaba compuesta de agua y sal.

Lo que pedimos al presidente Otto Pérez es que revisen los contratos y, de encontrar anomalías que se declaren lesivos”, afirmó Jorge Briz, presidente del Cacif.