Un día después de que los representantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) afirmaran que una hipotética implementación de la pena de muerte en el país no reducirá la violencia, el presidente Jimmy Morales dio un claro mensaje adverso.

“Nosotros creemos en el principio de la supremacía constitucional. El artículo 18 de la Constitución de la República plantea la pena de muerte y allí está la forma, los delitos y las circunstancias en las que puede ser constituida o causa de...lo que está en veremos es el tema del indulto presidencial”, expuso.

Agregó que este tema queda en manos del Congreso de la República. “Si este organismo nos lo traslada, siempre hemos pensado de que el Ejecutivo lo único que debe hacer es ejecutar los presupuestos, los planes y lo que la justicia plantea. No discutiremos la ley, sino la cumpliremos”, expuso.

Guatemala ratificó la Convención Americana, que dice claramente que no se puede ampliar la aplicación de la pena de muerte. Por otro lado, las investigaciones aseguran que no hay correlación entre la existencia de la pena de muerte y la reducción de los crímenes violentos. Hay estudios que confirman que no ejerce un efecto persuasivo”, agregó el presidente de la CIDH, James Cavallaro.

Hace unos días cuatro diputados presentaron una iniciativa de ley para reactivar la pena de muerte en Guatemala, lo que ha generado que vuelva a ser tema de discusión.