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El fallo provisional del juez Hanen ha sido para detener la orden ejecutiva que beneficiaría a cien mil guatemaltecos.

Fallo. En un extenso documento de 123 páginas, el juez Hanen tuvo el cuidado de no considerar ilegales las acciones del presidente Barack Obama, pero cuestionó el derecho del presidente de adoptarlas. Agregó que se viola la constitución estadounidense.

“Cuando el Departamento de Justicia presente su apelación, el proceso seguirá adelante”, asegura Marielena Hincapié, directora del Centro Legal sobre Inmigración

Después de que un juez del estado de Texas decidió bloquear la aplicación del decreto del presidente Barack Obama que prevé la regularización de millones de extranjeros sin papeles y los protege contra su expulsión de Estados Unidos, según cálculos de asociaciones de migrantes, más de cien mil guatemaltecos no podrán optar por esos beneficios.

“Lamentamos la decisión tomada por parte del juez Hanen. Esperamos las acciones legales que se lleven a cabo por parte de organizaciones que defienden los derechos de los migrantes para que se pueda dar el beneficio de la Orden Ejecutiva y apoyar al mayor número de inmigrantes”, aseguró Alejandra Gordillo, secretaria ejecutiva de la Conamigua.

Jean Paul Briere, diputado de Todos y presidente de la comisión del Migrante, afirmó que es lamentable que se haya dada esta acción.

La decisión del juez Andrew Hanen del tribunal federal de Brownsville, en Texas, tiene lugar después de la demanda del estado de Texas y de otros 25 gobernadores republicanos y fiscales generales contra el decreto, informan este martes The Washington Post y The New York Times.

Según el Post, la orden del juez busca aplazar la aplicación del decreto hasta que tenga lugar el proceso sobre la legalidad del plan de regularización de los sin papeles anunciado por Barack Obama el 20 de noviembre.

Más de cinco millones de extranjeros en situación irregular podrían aprovechar ese programa y obtener permisos de trabajo por tres años.

El juez Hanen señaló que la administración del presidente Obama no respetó los procedimientos legales para la puesta en vigor del decreto, según The New York Times.

La Casa Blanca respondió que la decisión era equivocada; alegó que el presidente de Estados Unidos actuó legalmente y en el marco de sus potestades y que el gobierno apelaría la decisión. En un comunicado emitido en la noche del lunes al martes afirma que Obama aprobó "políticas de sentido común para ayudar a reparar nuestro destruido sistema migratorio".