"Blindar la política”
Análisis de Adrián Zapata

La iniciativa de ley necesita solo dos cambios que se refieren a inconstitucionalidades uno es que invade las competencias del Conadur sobre el planteamiento de políticas de desarrollo rural y de la Junta Monetaria sobre políticas económicas, pero es necesaria la ley para blindar la política de desarrollo que puede cambiar en cada gobierno.
 

Entre los artículos que revisa el ministro de Agricultura, Mario Méndez, es la duplicidad de funciones de varias entidades.

La comisión de Agricultura del Congreso se reunió con el titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para conocer la postura del Ejecutivo sobre la ley de Desarrollo Rural, que se discute en segunda lectura en el Legislativo.

Mario Méndez, ministro de Agricultura, explicó a los diputados que el Ejecutivo requiere de más tiempo para poder entregar un informe detallado sobre la iniciativa de ley.

De acuerdo con el funcionario, algunos de los puntos con mayor necesidad de análisis son la creación de un ministerio de desarrollo rural, lo cual haría que el gobierno destine más fondos para esa dependencia y por la situación económica del presupuesto no es conveniente en este momento.

Además, Méndez explicó que en la propuesta plantea cierta duplicidad de funciones, ya que existe el Viceministerio de Desarrollo Rural, el cual se debe encargar de promover programas de riego y de infraestructura para los agricultores.

“Entregamos una carta a los diputados donde dice que no es conveniente, pero no decimos que no se haga. Es un tema que ha despertado muchas pasiones de varios sectores y sería irresponsable emitir en poco tiempo una postura oficial”, añadió el ministro de Agricultura.

Aunque la comisión de Agricultura debió entregar el análisis de la iniciativa de ley el martes al Congreso, el presidente de esa comisión, Gabriel Heredia solicitó un plazo de 60 días más para la discusión de la misma.

La petición de los diputados, según Heredia, se debe a que hay que estudiar los más de 29 documentos, entre ellos el del Banco de Guatemala, que resalta la violación de la potestad del banco Central sobre la política económica y de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Facultad de Agricultura y organizaciones campesinas e indígenas.

También de la FAO, de la Cámara del Agro, el Colegio de Agrónomos y abogados.