El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron un nuevo caso de corrupción que se habría dado en la firma de un contrato entre el Estado y la empresa TCQ para la ampliación de una terminal en la Portuaria Quetzal, ubicada en Escuintla.

Estos son los números del caso:

225 millones de dólares es la inversión en el proyecto.

25 años es el tiempo otorgado para operar la nueva terminal.

34 hectáreas es el terreno dado en usufructo en la portuaria.

18 personas son señaladas de haber participado en el negocio, incluyendo un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra quien se ha solicitado retiro del antejuicio.

30 millones de dólares fue lo dispuesto de “comisión” por el negocio.

24.5 millones de dólares del total del soborno era para el “socio local”, que incluiría al expresidente, Otto Pérez Molina y a la ex vicemandataria Roxana Baldetti.

5 millones de dólares del total del soborno fue para argentinos que facilitaron el negocio.

500 mil dólares fue para “gastos”, que incluyeron soborno a sindicalistas, según el MP.

200 elementos de seguridad han sido coordinados para la seguridad en Torre de Tribunales por la audiencia de este miércoles.