El presupuesto federal de Estados Unidos para el próximo año incluye US$750 millones para Centroamérica, la mayoría de los recursos se les destinará a Guatemala, El Salvador y Honduras, debido al plan de la Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo es frenar la migración, entre otros problemas sociales.

Según el documento, que fue aprobado el viernes pasado por el Legislativo estadounidense, nuestro país recibirá más de US$138 millones. De estos, US$7.5 millones son para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y US$3 millones para la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil. Además, se destinan US$112 millones para asistencia para el desarrollo. En este rubro, Guatemala encabeza la inversión.

A pesar de que se han incrementado los recursos para el Istmo en relación con años anteriores, el Legislativo de EE. UU. impuso al menos 12 condiciones para que se pueda ejecutar el 50% de la ayuda:

1.    Establecer una entidad autónoma y pública para supervisar el plan de la Alianza para la Prosperidad.
2.    Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesen acusaciones verificables de corrupción.
3.    Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales.
4.    Combatir las actividades de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado.
5.    Investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos, y asegurar que las fuerzas militares y policías están cooperando con los casos.
6.    Garantizar la participación y consulta de la sociedad civil y de gobiernos locales.
7.    Cooperar con comisiones contra la impunidad e instancias regionales de derechos humanos.
8.    Apoyar programas para la reducción de la pobreza, creación de empleos y desarrollo económico equitativo en comunidades de donde provienen cantidades importantes de migrantes.
9.    Desarrollar e implementar planes para crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales.
10.    Proteger los derechos de partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil.
11.    Incrementar reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras.
12.    Resolver disputas comerciales.