Los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) escucharon los argumentos, durante una vista pública, de una entidad de protección ambiental y los representantes de la mina de oro y plata ubicada en San Pedro Ayampuc y San José El Golfo, cuyas operaciones están suspendidas desde el 22 de febrero de 2016 por un amparo provisional.

La Sala de Vistas del Organismo Judicial (OJ) estaba abarrotada. Del lado izquierdo estaban los trabajadores de la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya. Algunos vestían el uniforme de la empresa Exploraciones Mineras, S. A.

En extremo contrario se acomodaron los vecinos cercanos al proyecto minero que se oponen a la extracción de minerales preciosos ante un posible “daño ambiental”.

Plantón.

Plantón.

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El magistrado presidente de la CSJ Rafael Rojas otorgó la palabra al representante del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas) Rafael Maldonado quien mencionó que “La licencia otorgada a la mina fue ilegal porque no se consultó a los pueblos indígenas. Se denunció la explotación de recursos naturales y esperamos que se confirme la suspensión de la licencia”.

El turno para el abogado constitucionalista Stuardo Ralón, en representación de la empresa minera fue para rechazar los argumentos. “Ninguno de los pueblos le han delegado sus derechos a Calas, que invade la representación de las comunidades que quieren el proyecto minero y más trabajo. Además, existe licencia minera desde hace tres años”, explicó.

Afuera del OJ había un plantón de vecinos con carteles en rechazo del proyecto minero que está suspendido desde febrero porque la CSJ otorgó un amparo a Calas derivado a que “no se consultó a los pueblos indígenas la exploración minera”.

Este amparo fue reiterado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 6 de mayo.

Los empresarios rechazaron el cierre de la mina.

En esta mina se han realizado protestas y hasta enfrentamientos.

Los magistrados de la CSJ tendrán cinco días para analizar la postura y resolver si continúa la suspensión de operaciones de la mina o retira el amparo para que los mineros vuelvan a trabajar.