Luego de la polémica que se generó por la contratación de la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. para que vertiera un líquido para sanear el lago de Amatitlán, cuyo contrato ascendía a Q137 millones, de los cuales se erogaron Q22 millones, la Procuraduría General de la Nación (PGN) accionó legalmente contra la entidad.

"No se tiene evidencia que se haya realizado alguna prueba que garantiza la efectividad del producto y que no afecte el medioambiente. Además, no se consta que la referida entidad haya obtenido sus licencias sanitarias correspondientes por los ministerio de Salud", consigna la denuncia penal que interpusieron los abogados de la PGN.

Además, se solicitó que se devuelvan los Q22 millones que ya se le pagaron a dicha empresa.

Horas antes, el presidente Otto Pérez afirmó que la cartera de Salud envió a una entidad de Estados Unidos la fórmula para que sea analizada y, luego, deducir responsabilidades, luego de que se confirmó que el 97% de esa sustancia estaba compuesta por agua y sal.