"Estamos en un marco democrático", añadió Ortega, al reconocer también que el demandante, el diputado opositor Amilcar Pop, "está en su derecho" de actuar contra el presidente por la vía legal.


Ortega agregó que ahora las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para dar inicio a un proceso judicial contra Pérez Molina, cuyo mandato constitucional termina en enero próximo.


Sobre los rumores que de que el presidente guatemalteco podría dimitir, como han exigido miles de guatemaltecos en manifestaciones de calle en las últimas semanas, Ortega señaló que solo son rumores.
Pérez Molina dijo el pasado 18 de mayo que no piensa renunciar y habló de la necesidad de "cambios de fondo" en el Estado para combatir la corrupción.


Dos escándalos de corrupción destapados en el último mes y que involucran a altos cargos del Gobierno obligaron esta semana a Pérez Molina a tomar la decisión de remodelar su gabinete.


Pop, diputado de la bancada opositora Winaq, interpuso el viernes una demanda penal contra Pérez Molina en la que lo acusa de asociación ilícita, encubrimiento y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.


El legislador ya había presentado semanas atrás una denuncia contra Pérez Molina por el caso de defraudación fiscal destapado en la oficina recaudadora de impuestos, pero la misma fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia.


En aquella ocasión Pop también denunció por el mismo caso de defraudación aduanera a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien renunció al cargo el pasado 8 de mayo por ese escándalo.
La nueva denuncia penal del diputado opositor se basa en la supuesta vinculación de Pérez Molina con un caso de corrupción destapado esta semana en el Seguro Social.


Por ese asunto han sido detenidas varias personas, entre ellas Juan de Dios Rodríguez, quien fuera secretario privado de Pérez Molina al inicio de su mandato.


"Tenemos nuevos elementos que colocan al presidente en una posición jerárquica que lo implica, ya que todos los funcionarios de su confianza, nombrados por él, se encuentran bajo arresto", dijo Pop a los periodistas el viernes.


Añadió que el Ministerio Público deberá inhibirse de conocer el caso y trasladarlo al Corte Suprema de Justicia, para que esa instancia determine si hay o no indicios suficientes para tramitar un antejuicio del mandatario en el Congreso.