Los nuevos impuestos traerían mayor desempleo.

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala

Análisis

Se debe conocer el argumento
Es necesario conocer a cabalidad las resoluciones de los magistrados para ver los argumentos implementados en el rechazo de estas inconstitucionalidades. Lo cierto es que la Corte de Constitucionalidad no tiene que resolver sobre lo pertinente, lo justo o lo injusto de una decisión, sino si está congruente con las normas, si viola o no los artículos constitucionales. En el caso del cemento, por ejemplo, se había mencionado que no se les había consultado, pero el Congreso no tiene obligación legal para consultar si se decreta un impuesto.
Luis Linares
Secretario ejecutivo de Asíes

El máximo ente legal no accedió a las peticiones que aún estaban pendientes de resolver en contra del Decreto 22-2014 la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos de este año.

Se trata de la acción legal que presentó Cementos Progreso, S. A., el 12 de enero en contra de los artículos que incrementaron el Impuesto a la Distribución de Cemento, que aumentó de Q1.50 a Q5 por saco.

También la que planteó el alcalde de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, Ovidio Joel Domingo, que pretendía impugnar el aumento y la distribución del porcentaje de regalías que deben pagarse por la explotación de minerales y materiales de construcción, que aumentó de 1 a 10% en las regalías.

En la sesión los magistrados rechazaron la acción inconstitucional de Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, en contra del presupuesto quien argumentaba que los nuevos impuestos provocarían más desempleo.

Desde el mes pasado se presentaron 11 recursos legales en contra del Decreto. Fueron cinco amparos y seis inconstitucionalidades.

La CC le otorgó un amparo, de forma provisional, el 29 de diciembre a la Cámara de Industria de Guatemala, que hacían referencia al impuesto de Q5 a las líneas de telefonía.

Además, el 8 de enero amparó a la Cámara del Agro para suspender la contratación de organizaciones no gubernamentales para ejecutar obras.

Por último prohibió las transferencias de los ministerios de Salud, Educación y Comunicaciones.