Silvia de León, titular del Juzgado Sexto Penal, tiene a su cargo escuchar a los tres empleados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que han sido detenidos en el caso “Negociantes de la salud”. La audiencia se realizará el 8 de agosto de 2016.

Además, Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto Penal, ha informado que el caso de antejuicio que planteó la Fiscalía en contra del legislador de la bancada Todos, Roberto Kestler será remitido a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los magistrados analizarán los indicios y podrán darle trámite, como han hecho con los otros procesos en contra de diputados y nombrar pesquisidor, o avalar y rechazar el caso.

Detenidos

Los trabajadores de Seguro Social detenidos son Erick Noé Estrada García por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo; Byron Humberto Arana González por asociación ilícita y cohecho pasivo; y Wálter Omar Linares Pacheco por asociación ilícita y cohecho pasivo.

Prófuga

Está pendiente de captura Patricia Lizethe Juárez Fernández, por asociación ilícita y cohecho pasivo de forma continuada.

Diputado Kestler.

Diputado Kestler.

Cortesía

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Acusación

Estas personas formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos (entre mayo 2013 y julio 2015) específicamente contra la administración pública con el fin de obtener beneficios en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el IGSS. Uno de los fines de la estructura era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus coparticipes la mayor cantidad de adjudicaciones por parte del Instituto.

El caso

Dentro del caso conocido como “Negociantes de la salud”, hasta la fecha se ha ligado a proceso a 18 personas por ilícitos cometidos en diferentes procesos de compra y adquisición de productos o servicios. Dentro de estos sindicados se encuentra el señor José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante legal de la entidad Wellnes Center, proveedora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; y quien según las investigaciones, formaba parte de una organización criminal y ejercía tráfico de influencias en funcionarios de la institución para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos (compra directa, cotizaciones, licitaciones, etc.).