El expresidente del Banco de los Trabajadores, S. A. (Bantrab), Sergio Aníbal Hernández Lemus, fue ligado a proceso penal por lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita y peculado por lo que enfrentará a la justicia junto con otros directivos de la entidad derivado a un fraude por Q5.5 millones.

Junto con Hernández fueron vinculados los exdirectivos Eduardo Josué Liu Yon y Juan Miguel Arita España. También la abogada del banco Karen Yesenia Flores Paz, los representantes de la entidades Threesome y Desarrollos 2812, Bodgan Armando Aguirre Palencia y Ástrid Ileana Oberbeck González, respectivamente.

Walter Villatoro, titular del Juzgado Décimo Penal, utilizó tres horas con 40 minutos para explicar su argumentación.

El juez otorgó la libertad condicional y avaló el pago de fianzas de Q2 millones para Hernández; Q1 millón para Liu y Arita; y Q500 mil para los demás sindicados.

La audiencia

El juez resaltó la negociación de los procesados para vender diez inmuebles. “Me sorprendió el anuncio que se publicó en uno de los periódicos para ofrecer unas propiedades en liquidación. Esto se anunció en la página de espectáculos y ahí se leen otras situaciones no el remate de una propiedad”, mencionó.

El anuncio de la venta de los inmuebles se publicó en uno de los matutinos el 18 de julio de 2011 y la entidad Desarrollos 2012 fue la única que participó en la subasta, destacó el juez.

Villatoro se refirió a la adquisición de una cartera de créditos por Q24 millones derivado de un fideicomiso de administración de bienes del extinto Banco del Café, S. A. (Bancafé), el 30 de julio de 2009 donde estaban diez viviendas de la entidad Villas de Elgin, S. A.

La primera acción anómala fue el retiro de Q5.5 millones “simulando pago de honorarios” que recibió la abogada Flores Paz, quien trasladó Q3 millones a la entidad Threesome.

La transacción sospechosa, explicó el juez, siguió cuando Threesome transfirió Q2.2 millones a la administradora Silverado, S. A., que hizo un traslado a la entidad Desarrollos 2012.

Durante su análisis Villatoro utilizó un organigrama que hizo la Fiscalía con la ruta del dinero y las transacciones.