Miguel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, ha iniciado a resolver el proceso judicial a los prófugos del caso “Cooptación del Estado de Guatemala” que acudieron la semana pasada a solventar su situación.

La primera resolución del juez es dictar la falta de mérito a favor del contratista Diego Castillo Góngora, quien fue captado revisando un celular durante la audiencia.

Carlos Gabriel Guerra Villeda

Carlos Gabriel Guerra Villeda

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Nos reservamos el derecho a demandar”, se refirió su abogado Maynor Berganza

El juez vinculó al proceso al empresario y contratista del Estado Carlos Gabriel Guerra Villeda por los delitos asociación ilícita, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito.

También fueron vinculados a proceso Eduardo Kestler, empresario y representante de Televisiete, S. A. y Vivian Urízar, amiga de la exvicepresidenta Roxana Baldett, y Julio Alvarado Porres.

A puerta cerrada

Vivian Urízar

Vivian Urízar

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El 12 de octubre de 2016 cuatro prófugos del caso “Cooptación del Estado de Guatemala” se entregaron en el juzgado que dirige Gálvez, quien los dejó sin “rebeldía” por lo que fueron beneficiados con libertad.

Se trata de Eduardo Kestler, empresario y representante de Televisiete, S. A. y Vivian Urízar, amiga de la exvicepresidenta Roxana Baldetti quien adquirió el hotel Mansión de la Luz en La Antigua Guatemala.

También se entregaron los empresarios Castillo Góngora y Guerra Villeda, quienes financiaron al Partido Patriota (PP) que llevó a la presidencia a Otto Pérez (en prisión por el caso La Línea).

Detalles

El juez ordenó las capturas el 1 de junio de 2016.

• Rechazo. Kestler había planteado acciones legales en el juzgado y en una sala para dejar sin efecto su orden de captura que fueron rechazadas.

• Monto. Televisiete aportó al PP por Q17.5 millones durante la campaña electoral de 2015, detalla la acusación.

• Caso. Luego de 27 días de audiencia y el juez Gálvez vinculó a proceso a 53 implicados.

Urízar acudió el 7 de octubre de 2016 y luego se retiró.

Sin periodistas

El juez revocó su resolución del 7 de octubre de 2016 cuando los declaró “en rebeldía” por haber solicitado una audiencia y no asistir. Solo Urízar acudió, estuvo una hora y luego se fugó con el pretexto que iba a usar un baño.

A la audiencia fue trasladado Julio Alvarado Porres, quien fue detenido el 10 de octubre de 2016 por financiamiento electoral ilícito.