Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, ligó a proceso y envió a prisión preventiva al expresidente Otto Pérez, por su presunta vinculación con el caso de contrabando y defraudación aduanera denominado La Línea, según los señalamientos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El expresidente quedará en prisión preventiva en el cuartel Matamoros. 

El juzgador programó iniciar la diligencia de este martes a las 9 horas, dos días después de las elecciones debido al asueto que gozaron los dos mil empleados del Organismo Judicial.

El jueves, durante el segundo día de audiencia en el nivel 14 de la Torre de Tribunales, el general retirado mencionó que “no reconocía” el trabajo del Ministerio Público. “Lo encuentro inconsistente”, explicó ante el juzgador.

Pérez fue acusado por el MP de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera y lo señaló de ser uno de los cabecillas de una red que les cobraba sobornos a importadores y declaraba una menor cantidad de impuestos.

“El Ministerio Público dice que existe una organización criminal a la cual pertenezco y eso no es cierto, no pertenezco a ese grupo”, mencionó el exmandatario.

Oliver de Ros

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La CICIG, que dirige el colombiano Iván Velásquez, desbarató el grupo criminal el 16 de abril con la detención de 22 personas y mencionó como coordinador al exmilitar retirado Juan Carlos Monzón, quien era el hombre de confianza de Roxana Baldetti (renunció como vicepresidenta el 8 de mayo y está en prisión desde el 21 de agosto por ser una de las cabecillas de la organización criminal).

El 21 de agosto, el ente de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculó como uno de los cabecillas a Pérez y le solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirarle la inmunidad. Pérez, de inmediato, descartó la acusación.

Seis días después, luego de la convocatoria en las redes sociales, hubo masivas protestas en diversas regiones del país, frente al Palacio Nacional de la Cultura y en las cabeceras de los 22 departamentos para exigir la  dimisión de Pérez.

El 1 de septiembre el Congreso avaló, en una jornada histórica, retirarle la inmunidad al mandatario y la Fiscalía lo arraigó. Fue hasta el 3 de septiembre que Pérez envió su carta de renuncia al Organismo Legislativo y se le entregó al juez para ser procesado por el caso.

“El grupo operó desde el 8 de mayo de 2014 hasta que fue desbaratado el 16 de abril y al señor Otto Fernando Pérez Molina se le acusa de haberse beneficiado con Q28 millones 557 mil”, mencionó el fiscal José Morales.

Pérez se defendió el 3 de septiembre, en el segundo día de audiencia, cuando rechazó una de las escuchas telefónicas que fue presentada en la que habla con Carlos Muñoz, quien dirigía la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “En una conversación dice que hay un relajo y que el Presidente ordena que se abran cuatro cuentas. Imagínese eso, señor juez, dicen que le dijeron que dijera... eso es una mala intención para vincularme a la red criminal”, enfatizó Pérez.