A pocos metros de su oficina, en la sede del ente de investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instalada en el país desde 2007 para desbaratar aparatos clandestinos y ayudar a combatir la impunidad, el abogado Iván Velásquez interrumpe su trabajo para conversar acerca de los casos judiciales.

El asesinato del excapitán Byron Lima Oliva, quien cumplía una condena de 20 años de prisión por su participación en la muerte violenta del obispo Juan José Gerardi Conedera, le preocupa y recuerda que todas las entidades de justicia requieren de los recursos necesarios para su funcionamiento. A continuación la plática con el colombiano.

 

Recientemente sucedió un ataque en la cárcel Pavón donde fue asesinado Byron Lima. Esta investigación es un nuevo reto.

Todas las investigaciones son retos. Estamos colaborando con el Ministerio Público con esa investigación, esperamos que podamos tener resultados satisfactorios que expliquen lo que realmente sucedió con la muerte del señor Byron Lima.

Velásquez conversó con Publinews.

Velásquez conversó con Publinews.

Fernando Ruíz

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Con este caso usted se dio a conocer en Guatemala en 2014 al señalar a Lima como líder de una estructura que cobraba en las cárceles por el traslado de reos.

Creo que Byron Lima fue realmente poderoso y en el Sistema Penitenciario no tengo duda que ejercía control muy fuerte. Eso quedó evidenciado inclusive con la cantidad de funcionarios que efectivamente habían sido nombrados por decisión de él durante le gobierno de Otto Pérez. Lo que significaba en la actividad que desempeñaba cada uno en las cárceles. Continuaba ejerciendo control, no fue un hecho que esto no terminó en septiembre de 2014 cuando se presentó el caso y capturó al señor (Edgar) Camargo y a otras personas porque siguió ejerciendo control.

 

Este año fue nombrado el ministro de Gobernación Francisco Rivas a quien usted le brindó el visto bueno porque laboró en el Ministerio Público ¿Qué tanto se debilita la seguridad con la muerte de Lima?

No es el visto bueno, nosotros no hacemos nombramiento, lo que si he expresado es la satisfacción por su trabajo cuando estaba en el Ministerio Público. Todavía no podemos decir que es un caso de impunidad acabado de conocer. Impunidad es falta de respuesta penal al delito. Que se haya presentado una muerte de esta naturaleza con una persona tan poderosa realmente es preocupante porque revela un gran poder que da lugar al crimen o unas circunstancias muy particulares en todo caso no es posible ahora entrar a precisar ni siquiera como hipótesis. Un tema de estos podría ser tratado cuando haya una respuesta de investigación.

 

La hipótesis del titular de Gobernación fue replicar lo que había dicho un reo minutos después de la muerte del excapitán.

Velásquez.

Velásquez.

Fernando Ruíz

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El problema del Sistema Penitenciario es muy complejo, se requiere una reingeniería en todos los aspectos, inclusive hasta de la propia selección de la guardia penitenciaria y como tener la confianza de controles de la reclusión en condiciones dignas de existencia pero que sea una reclusión, es decir, que no es simplemente como un cambio de residencia. Hay situaciones en el país que habría que examinar con cuidado de lo que ha sido una tradición, por ejemplo, al ingreso ilimitado en tiempo de las personas en las cárceles, eso afecta el control y la disciplina que se debe establecer en una institución carcelaria. Eso no depende de un ministro y menos en tan corto tiempo. Eso de expresar hipótesis, no podría censurar a unas personas. En este caso había una ansiedad de muchos sectores para que explica lo que pasó. Entonces, el ministro Rivas acude a una hipótesis, que no se si sea la que pasó, pero fue una respuesta a la demanda del caso.

 

Luis Lima, hermano del reo difunto, acudió y brindó algunas grabaciones.

Se le recibió lo que trajo y se le escuchó, pero eso es un elemento adicional. No es que haya significado una cuestión especial, un abogado lo atendió.

 

¿Qué le dejó el final de la audiencia, considerada ya histórica, del caso “Cooptación del Estado de Guatemala”?

Se destaca una experiencia especial para la CICIG. Hay una situación relacionada con la cantidad de personas involucradas que son presentadas simultáneamente ante el juez, pero era una necesidad específica de ese caso. Una necesidad porque había tanta relación entre los diversos grupos que se podían detectar en este caso que resultaba complicado hacerlo de manera fraccionada. Creo que finalmente se desarrolló adecuadamente. Las dificultades propias de un caso de esa magnitud como demorarse durante tanto tiempo pero en eso creo que también es necesario que el país se adapte a audiencias también de mayor extensión en el sentido de no limitar a unas cuantas horas como es lo habitual sino de mayor dedicación que sea una actividad exclusiva de un juez que tiene que desarrollarlo de manera continua. Es algo que podría ser una lección para próximas oportunidades.

 

Los defensores rebatieron el testimonio de Juan Carlos Monzón y el juez no lo tomó en cuenta. ¿Qué tanto le sorprendió esa actitud?

No me sorprendió porque además desde tiempo antes, tal vez desde el inicio de la presentación del caso había dicho que la declaración de Monzón no era necesaria. Había cumplido un papel importante como conector de varios documentos y circunstancias, pero que una vez producido esto, que exista su declaración no era importante. Vincular, mencionaba por ejemplo, el tema del 'incentivo comercial monetario' probablemente nos hubiéramos tardado mucho para saber que eso correspondía al valor del soborno y habría que hacer muchos ensayos de fórmulas para ver a qué equivale esto y lo otro. Pero una vez sabido que era el soborno, ya no se requiere que alguien nos lo diga porque ya conocemos la clave. Con el tema de financiamiento, que es el dinero que llegó a tal sociedad, que fue receptora como constituyó esa organización criminal, ese entramado de sociedades para recibir el financiamiento y para lavar dinero. Que estos cheques o ese dinero que recibió la sociedad era del financiamiento y habían unas entidades y personas que habían hecho ese financiamiento y las facturas no correspondían a los conceptos. No se necesita que una persona tenga que decir que ese dinero llegó para financiamiento. Probablemente el juez tomó esa decisión en el sentido que dejó de lado la decisión de credibilidad.

 

Cuatro de los sindicados quedaron libres y sin arraigo. ¿Hay debilidad?

Pero no es realmente una debilidad, inclusive esa decisión fue apelada. Que en algún evento sea necesaria la expresión de esa conexión eventualmente, pero consideramos que con lo que hay en la investigación realmente no había mérito para ligar a proceso. El caso no se nos va a caer.

 

Juan Carlos Monzón terminó de colaborar. El juez recordó que era un delincuente. ¿Debe ser condenado?

Realmente nadie tiene duda que él ha cometido delitos y el que ha cometido delitos es un delincuente. Podría tener penas más reducidas y eso ya es un acto posterior, pero aquí en la negociación que en todo caso hay con la colaboración eficaz de efectos de los beneficios que se obtienen partía de la base de la devolución de lo obtenido ilícitamente y el pago de una condena. Es algo que tiene que hacerse pero en todo caso falta completar todo el procedimiento de Monzón, así como de Salvador González y de otros colaboradores.

 

En cuanto a los impuestos, usted sigue con la sugerencia de uno destinado al sector justicia a pesar del rechazo de las cámaras empresariales y a la nueva propuesta del presidente Jimmy Morales.

No sabría porque en todo caso la preocupación nuestra es que todas las entidades del sector justicia requieren de recursos para poder ampliar su capacidad. Desconozco el proyecto del presidente. De qué manera significa que hubiera un incremento importante de recursos para el sector justicia y en esto como decía también desde esa oportunidad son los guatemaltecos los que tienen que buscar cuál es el mecanismo para obtener los recursos. Si dentro de esta reforma tributaria que plantea el gobierno o un mecanismo diferente.

 

La Constitución tiene apenas 31 años y ya se discuten los cambios enfocados en apoyo al sector justicia. ¿Cuáles son debilidades hay en esa norma tan joven?

Hay temas que solamente podrían ser cambiados con una reforma constitucional y era lo que planteábamos al inicio, porque lo que se hizo fue provocar el debate, impulsar la convocatoria y señalar los aspectos que considerábamos que era conveniente que se reflexionara en el país. Por ejemplo, el tema de la carrera judicial para que alguien llegue a ser magistrado y hoy se necesita una reforma constitucional para que eso sea así. No es con cumplir la Constitución hay que cambiar la norma para consagrar la carrera judicial. Una Corte Suprema de Justicia o una Corte de Constitucionalidad que se sustituye completamente cada cinco años es un tema constitucional y sería conveniente que se reflexionara si esa es una forma adecuada para que funcione la justicia, sobre todo ¿Cuál es la función esencial de un órgano que administra justicia? Es producir jurisprudencia y sentido a las normas. Cuando una corte cambia completamente de un período para otro de lo que más sufre la jurisprudencia porque no es un desarrollo de interpretación de la ley sino que cada cinco años los criterios de ley varían ¿Es lo adecuado o sería mejor una continuidad en las altas corporaciones? A mí me parece que se propicia cuando los cambios son individuales y que cada magistrado cumpla el periodo que fue designado, por ejemplo, la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar y la sustitución por María Morales que no esté para completar un período sino que sea uno nuevo. El tema de los suplentes en al Corte de Constitucionalidad es un tema que ha tenido un respaldo y ha generado casi un consenso en la Mesa nacional de diálogo, esta supresión de los suplentes no puede hacerse sin una reforma constitucional.

 

¿Cuánto le va a costar al país? Si se aprueban los cambios se le debe consultar al país. El año pasado la elección costó Q500 millones y una consulta sería similar.

El asunto es: ¿Es una reforma necesaria o no? ¿O solo es para que la gente se entretenga discutiendo algo? Si es una reforma tiene un costo naturalmente. Los presidente de la Corte Suprema de Justicia y sobre todo el presidente Jimmy Morales y el presidente del Congreso dicen que esto no puede detenerse por un problema de recursos. Consideramos que es una reforma indispensable, hay que cambiar el sistema de justicia y es como decir si se hace algo, cuesta. Por ejemplo, un fiscal cuesta y no produce riqueza ni productos que se puedan vender o servicios que se compren pero está en la base de un sistema democrático. Tener un sistema de justicia moderno que llegue a todos los sectores de la población.

 

Qué evoca la palabra “amenazas” que ya mencionaron y hasta denunciaron de forma pública la fiscal general Thelma Aldana y el juez Miguel Gálvez

(Piensa) Para mí le digo no presto mucha atención a eso. Se naturalmente, ya hablando de hechos que la función que cumplen genera grandes riesgos y que hay una necesidad o una obligación del Estado de brindar toda la protección a estos funcionarios que arriesgan su vida.

 

En cuanto a la llamada guerra psicológica, se mencionó que estaba enfermo, incluso al borde de la muerte y su salida de la CICIG ¿Qué dice?

Que es la respuesta general frente a intentos o mecanismos o reacciones que de diversa forma pretende realizar el crimen organizado. Creo que cuando hay una acción muy decidida como la que ha demostrado el Ministerio Público y el Organismo Judicial y nosotros hemos estado respaldando toda esa acción, entonces también la CICIG se convierte en un factor perjudicial para algunas personas o sectores que reaccionan contra el representante, entonces estar en la insistencia de una enfermedad terminal o que ya voy a ser reemplazado y no voy a continuar y que habrá un debilitamiento y la acción del Ministerio Público se debilitaría. Todo eso se pretende y creo que es una estrategia del crimen organizado.

 

El mensaje al país es hay comisionado para rato.

Si. Hay que decir lo que se requiere. Que haya una institucionalidad fuerte, extensa y contundente que ninguna acción de estas de parte de sectores interesados en la impunidad puedan realmente afectar al país.