Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mencionó que “estaría dispuesto a elaborar una propuesta de la situación económica” en materia de justicia.

El colombiano explicó que “el tema de un impuesto son los técnicos los que tienen que estar dedicados a esto. Este es un tema del gobierno, del Congreso y de los empresarios”.

Velásquez mencionó el miércoles que ante las protestas en contra de la corrupción se abría la posibilidad de “un impuesto especial y transitorio para fortalecer al sector justicia”. Esto generó el rechazo del sector empresarial organizado ya que “no es el momento”, según explicó Jorge Briz, presidente del Cacif.

Durante la firma de un convenio de cooperación del gobierno de España a la CICIG, Velásquez recordó su idea de un nuevo tributo: “Lo que he planteado es simplemente una propuesta para la discusión de los guatemaltecos, nosotros no tenemos ninguna incidencia en la determinación de los impuestos ni las definiciones que al país le corresponden hacer”.

Velásquez recordó la propuesta de la fiscal general Thelma Aldana para fortalecer la investigación. Es que cada año durante los próximos cuatro se creen 27 fiscalías municipales con un costo de Q104 millones, eso supondría que en cuatro años habrían 128 fiscalías que unidas a las 34 serían 162 y Guatemala tiene 340 municipios, con un proyecto por extender la cobertura. Con Q400 millones de quetzales no alcanzaría tener la mitad de la cobertura territorial que requiere el país.

Solo el Ministerio Público tiene una cobertura territorial del 10 por ciento, es decir el 90% de los municipios de Guatemala no cuentan con fiscalía no es un dato ni una cifra, es una actitud y que tiene que definir Guatemala si quiere cambiar esa actitud frente a la justicia y darle el papel que le corresponde y eso supone un incremento en los recursos”, explicó Velásquez.

La prupuesta es "impuesto progresivo"

Valerie Julliand, comisionada residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala apoya la propuesta de Velásquez.

“La propuesta del comisionado es una propuesta que también apoyamos de tener un sistema tributario progresivo. Que las personas que no tienen recursos, los pobres, no pueden pagar mucho y los que tienen mucho pueden contribuir más. Nadie con sentido común puede oponerse a eso”, explicó Julliand.

“Si incrementamos el IVA (Impuesto al Valor Agregado) afectamos a los más pobres porque se siente más en el gasto de una familia que tiene menos del salario mínimo para vivir”, añadió.