“Que impulsen controles”
Análisis de Jorge Santos, de Convergencia por los Derechos Humanos

El aumento en el número de proveedores inhabilitados se debe al refuerzo en los controles contemplados en las reformas a la Ley de Contrataciones. No obstante, todavía falta que se implementen otras medidas, ya que el proceso de adeudos fiscales demoran para ser resueltos, pues inician en el ámbito administrativo y al final terminan en la vía económica-coactiva, donde los contribuyentes prefieren pagar multas menores a los montos evadidos.
 

21 motivos considera la página de Guatecompras para inhabilitar a los proveedores.
 

Desde la aprobación a las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, la página electrónica gubernamental incluyó información sobre los contratistas que no pueden realizar negocios con instituciones públicas por diferentes razones.

Una de las principales causas de proveedores suspendidos son los tres mil 831 que enfrentan procesos de cobro por algún adeudo tributario y que se encuentra en Tribunales por la vía económico-activa.

La inhabilitación publicada en el sitio web del Estado impide que las personas participen en contratos que ofertan entidades públicas, descentralizadas, municipales y autónomas u otra institución que reciba fondos públicos.

En el listado se encuentra la exministra de Comunicaciones Sherry Lucrecia Ordóñez Castro, quien al justificar el proceso que enfrenta por incumplimiento tributario, mencionó que le sorprendía que hayan agilizado la publicación de ese listado.

Ordóñez Castro renunció al cargo dos semanas después de asumir con el argumento de motivos personales; sin embargo, su nombramiento fue cuestionado.

Otra de las descripciones que se incluyen en la lista de Guatecompras es la fecha desde que se encuentran suspendidos los proveedores, pues algunos están inhabilitados permanentemente y otros situaciones es variable, mientras dure el motivo de su proceso judicial.

Las razones por las cuales son inhabilitados son por morosidad tributaria, morosidad en seguridad social, insolvencia tributaria, cese de actividades, adeudo tributario y quiebra.

También pueden ser suspendidos por colusión, entorpecimiento, retraso en la entrega de obras, bienes o servicios, como variar en la cantidad o calidad de lo ofrecido.