Durante la sesión de este jueves, los congresistas aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Antejuicio, con el propósito de sancionar a los funcionarios que no acudan a las citaciones.

Por el incumplimiento a estas reuniones, la pena para los ministros, viceministros y empleados públicos es dos a tres años de prisión.

Además, se fijó para las personas individuales o jurídicas que no comparezcan a la citación, que deberá informarse cuatro días antes, una sanción de dos a tres años de cárcel.

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