Un año ha pasado desde que se destapó “La Línea” el caso que dejó al descubierto una compleja red de defraudación aduanera y el cual involucra a las más altas figuras políticas del gobierno de Guatemala en ese entonces.

La mañana del 16 de abril de 2015 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), daban a conocer la forma en que operaba esa estructura y quienes eran algunos de sus integrantes.

En la lista estaba, Juan Carlos Monzón, el exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Al momento de hacerse pública la investigación Monzón se encontraba de gira junto a su jefa en Corea del Sur, pero al momento de enterarse que tenía orden de captura se fugó y para no ser capturado estuvo en varios países, entre ellos, España, Colombia, El Salvador y Honduras.

Luego de casi seis meses de huir de las autoridades el 5 de octubre de 2015, Monzón se entregó y en la actualidad buscar ser colaboradora eficaz en el caso, pues asegura que tiene mucha información.

En varias ocasiones el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, se molestó por las preguntas de periodista sobre el caso: “Hay un montón de chismes, mentiras y rumores se están dando, pero nada es cierto”, dijo en más de una ocasión.

Poco a poco el cerco se le iba cerrando a los gobernantes, sus más cercanos colaboradores empezaron a renunciar del Gobierno y la población cada vez más exigía explicaciones de todo lo que estaba sucediendo.

La primera gran manifestación en la Plaza de Constitución fue convocada para el 25 de abril de 2015 y la consigna más fuerte era: Renuncia Ya.

En su intento por calmar los ánimos de millones de guatemaltecos Pérez Molina solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la ampliación del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ya que el mismo se vencía en 2015.

Las protestas fueron en aumento y cada semana eran miles de guatemaltecos que acudían a la Plaza de la Constitución y también se daban movilizaciones en varios departamentos del país.

El viernes 8 de mayo Baldetti renuncia a la vicepresidencia y millones de guatemaltecos celebran la dimisión ese mismo día frente al Palacio Nacional de la Cultura.

Para llenar ese espacio el 14 de mayo el Congreso de la República nombra al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, como nuevo vicepresidente.

El 20 de mayo la CICIG y el MP da a conocer un nuevo caso de corrupción y que involucra a varios integrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), quienes son señalados junto a empresarios de otorgar un contrato millonario a la empresa PISA, para el tratamiento de enfermos renales crónicos.

La junta directiva del IGSS era presidida en ese entonces por Juan De Dios Rodríguez, quien también era uno de los hombres de confianza de Pérez Molina, además resulta involucrado el presidente del Banco de Guatemala, Julio Roberto Suárez, ambos presos en la actualidad junto a otras personas señalados en el caso.

El 21 de agosto la exvicemandataria es capturada en el Centro Médico de la zona 10, lugar en donde se encontraba internada desde hace una semana por supuestos problemas de salud.

Al siguiente día varios ministros de Estado dimiten a sus cargos y Pérez Molina se empieza a quedar cada vez más solo.

Con 132 votos el 1 de septiembre el Congreso de la República le retira la inmunidad al expresidente y da luz verde al MP y a la CICIG para investigarlo por su participación en “La Línea”.

Una fiesta se vivió dos días después en todo el país, ya que luego de ser desaforado Pérez Molina presenta su renuncia como presidente del República.

Pérez Molina se convirtió en el primer presidente de la historia de Guatemala en ser desaforado por el Congreso por existir elementos probatorios de su participación en la organización que defraudó millones de quetzales al Estado.

El 2 de septiembre de se emite orden captura en contra Pérez Molina y al día siguiente el exmandatario se presenta ante el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo.

Las manifestaciones ciudadanas siguieron a lo largo de varios días, además se envió un mensaje a los políticos y empresarios del país en el queda claro que los guatemaltecos no están dispuesto a seguir soportando la corrupción.