El exjefe policial y único acusado por la matanza, Pedro García Arredondo, tendrá una intervención el lunes antes de que el juzgado emita un veredicto, según dijo el representante de la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRGT), Wielman Humberto Cifuentes Estrada.


Tras las palabras del sindicado, el Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala pondrá fin a un debate oral que empezó el 1 de octubre, y donde se ha reconstruido lo sucedido aquel 31 de enero de 1980 desde dos versiones distintas, con un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha guatemalteca como trasfondo.


La matanza en la sede diplomática "no fue una coincidencia, ni un accidente", enfatizó la fiscal del Ministerio Público (MP), Hilda Pineda, durante las conclusiones del juicio el último lunes, en una comparecencia de más de tres horas.


La masacre se registró cuando las fuerzas de seguridad del régimen militar de Guatemala que dirigía el general Fernando Romeo Lucas García (1924-2006) asaltaron la embajada española, después de que fuera ocupada por campesinos y estudiantes guatemaltecos que denunciaban la represión militar.


"Fue una operación policial clandestina ejecutada por la Policía Nacional", aseveró Pineda, tras recordar los testimonios y las evidencias recogidas durante 14 audiencias previas.


En el asalto murieron quemadas 37 personas, entre ellas el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol Soler, y sus compatriotas y empleados de la delegación Luis Felipe Sanz y María Teresa Vázquez.


García Arredondo, de 69 años, dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional y, según las investigaciones de la fiscalía, fue quien dio la orden de incendiar la representación consular.


El acusado "fue partícipe en grado de autor del asesinato de las 37 víctimas, quienes se encontraban en total indefensión", argumentó la fiscalía en sus conclusiones.


"Los gritos de sufrimiento de las víctimas eran desgarradores", recordó durante el juicio el periodista Raúl Meoño, testigo de lo sucedido.


La Policía Nacional "evitó el ingresó de la Cruz Roja, los cuerpos de socorro y periodistas" a la embajada, agregó la fiscal.


"A lo que más se acerca la versión del Ministerio Público es a que García Arredondo estuvo ahí", respondió el abogado del acusado, Moisés Galindo, quien también defendió al exdictador golpista José Efraín Ríos Montt en el juicio en contra del exmilitar por genocidio en 2013.


La fiscalía recapituló varios testimonios en el proceso judicial, incluido el del "Testigo A", miembro del comando de la PN y cuyo nombre se encuentra bajo reserva.


Durante su declaración vía teleconferencia, el "Testigo A" admitió haber portado un lanzallamas en la embajada y también recordó una conversación después con otros compañeros: "Cumplimos a cabalidad con las órdenes del jefe. Ojalá no haya clavos (problemas)".


"La policía hizo lo que tenía que hacer. Nunca fue la intención de matar a nadie. Ayudarlos sí, por lo menos a los rehenes", subrayó Galindo, quien descartó la validez del "Testigo A" por su anonimato.


Aquel día también murieron quemados Vicente Menchú y Francisco Tum, padre y primo, respectivamente, de la premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, quien fue la primera testigo de la fiscalía en contra del exjefe policial y quien además es querellante en el caso.


La quema de la embajada se registró en una de las etapas más sangrientas del conflicto armado en Guatemala (1960-1996), un enfrentamiento que dejó unos 250.000 muertos y desaparecidos en la nación centroamericana.


Más del 90 % de las violaciones a los derechos humanos en el conflicto se le atribuyen al gobierno de Guatemala, según organismos internacionales.


El embajador de España en Guatemala en aquel momento, Máximo Cajal y López, y el campesino guatemalteco Gregorio Yujá fueron los únicos supervivientes del asalto.


Yujá, sin embargo, fue secuestrado dos días después de la masacre y su cuerpo apareció, con signos de tortura, el 2 de febrero de 1980 en la rectoría de la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala, símbolo de la izquierda estudiantil en aquel momento.