El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó este miércoles a Guatemala por el retraso del juicio por genocidio de indígenas contra Efraín Ríos Montt y la militarización en el país.

"Pese a los avances en algunos casos del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), continúa sin abrirse el juicio contra Ríos Montt", lamentó el represente del Alto Comisionado en este país, Alberto Brunori, al presentar ante representantes de la sociedad el informe de labores del año pasado.

Un segundo juicio contra Ríos Montt por genocidio estaba previsto iniciar el pasado 5 de enero pero la defensa del exdictador recusó a una jueza supuestamente por falta de imparcialidad y el caso sigue en un impasse legal.

Ríos Montt, quien gobernó entre 1982 y 1983, fue condenado en mayo del 2013 a 80 años de prisión por la matanza de 1.771 indígenas en el norte del país, pero la máxima entidad judicial del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), anuló el fallo por errores procesales.

La defensa centra sus esfuerzos en que el exgobernante de facto sea favorecido con una amnistía, aunque la entidad de la ONU considera que ese beneficio no es aplicable para casos de lesa humanidad, según una ley de reconciliación de 1996.

Brunori explicó que la CC determinó en una resolución que "no es aplicable la extinción de responsabilidad penal por prescripción ni por obediencia debida, y que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno que impidan el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos".

"El Alto Comisionado reitera que la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo y que, por lo tanto, todo acto en su contra se considera nulo", sentenció.

Asimismo, la entidad internacional criticó el aumento del personal militar en la seguridad ciudadana debido a que los patrullajes conjuntos del  ejército y la policía civil estaban integrados en su mayoría por personal militar.

En su opinión las fuerzas de seguridad conjuntas pasaron de dos a 12 departamentos en dos años, pero las muertes violentas con arma de fuego se incrementaron también.

Brunori indicó que, según datos oficiales, 85,4% de las casi 6.000 muertes violentas del año pasado ocurrieron con armas de fuego, un aumento de 4,3% comparado con 2013.

El organismo internacional también lamentó la criminalización de ambientalistas y el incremento de ataques contra defensores de derechos humanos.