Luego de la denuncias de algunos sectores de que existen situaciones anómalas en algunos de los contratos que el Gobierno ha firmado con distintas empresas, el mandatario Otto Pérez confirmó que la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría General de la Presidencia analizan tres casos en particular.

De hecho, informó que uno fue rescindido. Se trata del arrendamiento del estacionamiento del aeropuerto de La Aurora. "La PGN tomó cartas en el asunto y el contrato va camino a ser rescindido. Por supuesto la empresa apeló, pero su acción fue rechazada por el Ministerio de Comunicaciones. Con esto lo que queda es que la Dirección General de Aeronáutica Civil tome el control y empiece a operar", afirmó.

Añadió que otro de los casos que se estudia es el contrato para el abastecimiento de combustible en la terminal aérea. "La PGN la y CGC ya detectaron anomalías. Ahora se determinará si se cancela", agregó.

El terer contrato que se evalúa es la aplicación de una fórmula para sanear el lago de Amatitlán, luego de que el Ministerio de Salud confirmó que en hasta 97% de su composición es agua y sal. "El ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, envió a una entidad de Estados Unidos la fórmula para que sea analizada y, luego, deducir responsabilidades", explicó.

La contratación de una empresa israelí por Q137 millones para aplicar una sustancia para limpiar este lugar generó polémica. "Estamos buscando que se nos reembolsen los Q22 millones que se le pagaron", agregó Pérez.