"Esta es la primera vez en la historia del país en la que se envía a prisión a un gerente general de una minera por la contaminación de un rio, hay suficientes indicios de contaminación", dijo Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Ambiental-Legal y Social de Guatemala Calas, que presentó la denuncia.
Los hechos ocurrieron en 2012, cuando se denunció la contaminación industrial del agua de una quebrada del río Los Esclavos, arteria hídrica principal del departamento de Santa Rosa, ubicado a unos 70 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca.
Según la denuncia, la empresa minera tiraba los residuos de substancias liquidas que utilizaba en la exploración de minerales de la Mina San Rafael a la quebrada del río, lo que provocó la contaminación con sólidos en suspensión y alteración del color del agua, lo que hizo el agua no apta para el consumo humano y animales ni para la agricultura.
"Con ello se limitó el acceso al agua de las comunidades, y de los municipios de San Rafael Las Flores, Casillas y Nueva Santa Rosa, los más afectados, también daños en el sistema de riego de sus plantaciones", dijo Maldonado.
Carlos Roberto Morales fue encarcelado por orden del juez de Santa Rosa, Roberto Flores, por fungir en la actualidad como gerente de la minera y al haberse ordenado una investigación judicial de los hechos se teme que haya obstaculización de la verdad.
La minera San Rafael dijo en un breve comunicado de prensa que la empresa no genera impactos negativos a los recursos naturales y que apelará la decisión del juez, la cual es exagerada y no responde a la gravedad del supuesto delito.
"Minera San Rafael es una empresa guatemalteca que opera de manera ética bajo estándares nacionales e internacionales. El cuidado y manejo de los recursos naturales siempre se ha hecho de acuerdo a la legislación guatemalteca... Las evidencias no soportan las denuncias de contaminación industrial", dijo la empresa.
La instalación y operatividad de la mina San Rafael ha provocado varios hechos de violencia en la zona. En 2012 el presidente Otto Pérez Molina instauró el estado de sitio durante una semana, militarizando la zona debido a la violencia que provocó varios heridos y muertos entre personas que están a favor y en contra de la mina.