Las víctimas (querellantes) del proceso penal por genocidio en contra de José Efraín Ríos Montt, impugnaron la orden de una sala judicial que evitó el traslado del militar retirado a un psiquiátrico.

"Estamos presentando una apelación a la resolución de la Sala Cuarta (de la Corte de Apelaciones) del amparo provisional que favorece al general Efraín Ríos Montt", dijo a periodistas Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), querellante en el caso.

La impugnación fue presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad judicial del país.
 

De acuerdo con Soto, las evaluaciones tienen que practicarse en el psiquiátrico nacional debido a que los expertos encargados de efectuarlas laboran en el lugar y de hacerse en otro sitio no se cumplirían los requisitos para obtener un resultado certero.

Segundo freno

El 29 de julio, agentes del Ministerio Público (Fiscalía) llegaron a la casa de Ríos Montt, en la colonia Tecún Umán, zona 15, para cumplir la orden del Tribunal B de Mayor Riesgo de llevarlo al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora para someterlo a un examen psiquiátrico, aunque no se realizó la diligencia.
 

La intención del procedimiento es determinar si el ex general, de 89 años, está en la capacidad mental de enfrentar un nuevo juicio por la muerte de mil 771 indígenas mayas ixiles en Quiché durante su régimen de facto entre 1982 y 1983.

Los abogados del exmilitar interpusieron un recurso y lograron detener el traslado al centro público. En su resolución la Sala Cuarta señala que la internación debe cumplirse en un hospital privado.

El primer freno

El 23 de julio, el tribunal aceptó una solicitud de la Fiscalía de internar por 10 días a Ríos Montt en el hospital Federico Mora para que se determine si padece demencia senil, como certificó recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El 25 de octubre una Sala de Femicidio detuvo el traslado para que le practicaran un recurso de exhibición personal y luego, el 28 de julio, lo rechazó.

La fiscal Hilda Pineda tiene dudas del informe del Inacif, pues estima que Ríos Montt podría estar recibiendo fármacos para mantenerlo somnoliento, a fin de que se declare su incompetencia mental para afrontar un juicio.

El caso

Ríos Montt debe comparecer ante la justicia luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia legal del país, anulara una sentencia a 80 años de prisión por genocidio dictada el 10 de mayo de 2013 alegando errores procesales, por lo que ordenó repetir el juicio.