El expresidente Otto Pérez ha recibido otro revés luego que un juez avalara la investigación de la Fiscalía en la que lo señala como uno de los cabecillas de la red de contrabando aduanero denominada “La Línea”.

El juez de extinción de dominio, Marco Villeda ha ordenado el embargo de seis de sus cuentas monetarias. En cinco cuentas tiene tiene depositado Q5 millones 228 mil 360. En otra son US$ 22 mil 723.

El juzgador aclaró que “todos los fondos están repartidos en cuatro entidades bancarias del país”.

Oliver de Ros

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La medida cautelar fue decretada luego de la solicitud planteada por el Ministerio Público (MP), el cual presentó reportes de transacciones sospechas emitidos por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), se informó.

La petición de la Fiscalía se sustenta con un reporte de 2009 en que el general retirado habría recibido recursos del Fondo Nacional para la Paz, provenientes de un proyecto de mejoramiento de un tramo carretero.

El caso

El documento de la IVE detalla que se pagó Q7 millones para el mejoramiento de un tramo carretero. El monto lo recibió la empresa Agricultura y Mecanización de Tierras, S.A. (Agromec) cuyo propietario es el diputado Estuardo Galdámez.

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La empresa depositó Q2.1 millones a la Constructora Jumar, S.A., cuyo dueño es el militar Juan de Dios Rodríguez, quien era el secretario privado del exmandatario. Luego, una semana después se emitió un cheque de Q500 mil a nombre de Pérez.

Propiedades
La Fiscalía también investiga la forma en que adquirió sus propiedades, entre estas se encuentra una finca en Zaragoza, Chimaltenango y otra propiedad en Boca Ancha, Los Amates, Izabal.

En prisión
Perez está en prisión desde el 3 de septiembre cuando se entregó al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Gálvez por su vinculación con el caso de defraudación en las aduanas.

El 21 de agosto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a cargo del colombiano Iván Velásquez, lo vinculó a la estructura criminal luego de analizar escuchas telefónicas en la que se hace mención como “el uno”, “el dueño de la finca”, “el mero mero”.

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La investigación detalla que Pérez se benefició al cobrar sobornos a los empresarios importadores desde el 8 de mayo de 2014 al 16 de abril de 2015 cuando el grupo fue desarticulado. El expresidente habría cobrado Q28 millones 556 mil.

Pérez junto con Roxana Baldetti (renunció como vicepresidenta el 8 de mayo) están en prisión a la espera de la audiencia para saber si enfrentarán juicio por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.