Luego de haber suspendido de manera temporal varios artículos del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para 2015 (el nuevo impuesto de Q5 a la telefonía móvil y fija y los relacionados para la contratación de ONG) el presidente de la Corte de Constitucionalidad explicó por qué tomaron esa decisión.

“En el caso de la telefonía consideramos que ese nuevo tributo perjudicará a unos ocho millones de guatemaltecos”, aseguró Barreto.

En relación con los artículos que contemplan las contrataciones de Organizaciones no Gubernamentales por parte de los Consejos de Desarrollo y los que eliminaban la obligatoriedad de los Certificados de Disponibilidad Financiera por parte de dependencias estatales, añadió que esas modificaciones propician reformas a la Ley de Presupuesto. “Esto afecta a la Constitución de la República, por eso decidimos darle trámite al amparo”, agregó.

Por su parte, el presidente Otto Pérez expuso que espera un análisis profundo. “El tema de las ONG no estaba incluído en la propuesta del Ejecutivo, esa la modificó el Congreso. Sin embargo, espero que la Corte de Constitucionalidad realice un estudio extenso. Seremos respetuosos de su resolución final”, afirmó.

Luego de que el Congreso aprobó en el presupuesto tres nuevos impuestos (telefonía, cemento y minería) además de eliminar medidas de control, empresarios, agrupaciones políticas de oposición y la sociedad civil se han manifestado en contra. De hecho, se han presentando varias impugnaciones en la CC.

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