El plan de la Alianza para la Prosperidad

Debido al incremento de la migración de los niños sin acompañante, Joseph Biden, vicepresidente de Estados Unidos, visitó dos veces el año pasado Guatemala. Luego, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras sostuvieron, en varias ocasiones, reuniones con el mandatario Barack Obama, con el propósito de discutir las acciones para frenar este flagelo.

En marzo de este año, los cancilleres de las tres naciones junto con los representantes del BID le presentaron a Biden el borrador del plan de la Alianza para la Prosperidad.

Los cuatro ejes son dinamizar el sector productivo, impulsar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y lograr el fortalecimiento de las instituciones del Estado.

Este plan incluye, además de la ayuda de EE. UU., una contraparte de cada país, ya que se deben impulsar programas locales.

 

El presupuesto federal de Estados Unidos para el próximo año incluye US$750 millones para Centroamérica, la mayoría de los recursos se les destinará a Guatemala, El Salvador y Honduras, debido al plan de la Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo es frenar la migración, entre otros problemas sociales.

Según el documento, que fue aprobado el viernes pasado por el Legislativo estadounidense, nuestro país recibirá más de US$138 millones. De estos, US$7.5 millones son para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y US$3 millones para la Unidad de Delitos Sexuales de la Policía Nacional Civil. También se incluyen US$775 mil para la educación y el entrenamiento para el Ejército y  US$1 mil 740 para diversos programas militares.  

Además, se destinan US$112 millones para asistencia para el desarrollo. En este rubro, Guatemala encabeza la inversión. También se reportan US$13 millones para programas de salud de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (Usaid, en inglés).

A pesar de que se han incrementado los recursos para el Istmo en relación con años anteriores, el Legislativo de EE. UU. impuso 16 condiciones para que se pueda ejecutar el 75% de la ayuda.

“Los fondos solo serán puestos a disposición, luego de que se certifique que esos gobiernos están tomando medidas efectivas para combatir la corrupción, incluida la investigación y la persecución penal de funcionarios en ejercicio sobre quienes pesen acusaciones verificables de corrupción”, consigna el texto. Para El Salvador y Honduras se les recomienda que “apoyen y adopten” comisiones contra la impunidad.

Entre otras condiciones se pide aumentar los ingresos del Estado, impulsar reformas fiscales y fortalecer las aduanas.

“Es un gana gana. A nosotros nos conviene que se hable de este tipo de condicionamientos, porque son para nuestro beneficio. Realmente debe ser una obligación responder a estos parámetros”, expuso el presidente Alejandro Maldonado Aguirre.

Agencias

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