El 3 de noviembre el Ejecutivo le presentó al Legislativo una iniciativa de ley para entregar en concesión directa por 21 años la TCQ a la compañía APM Terminals.

A partir de esa fecha el Congreso tiene 40 días para aprobarla, de lo contrario el caso pasará a Tribunales.

Ante esto, el mandatario Jimmy Morales se reunió en la Casa Presidencial con un grupo de diputados. Una de las bancadas que se ausentó fue la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En la reunión estuvieron presentes Anabella Morfín, al frente de la Procuraduría General de la Nación (PGN); el contralor general de Cuentas de la Nación, Carlos Mencos; el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada; el titular de Comunicaciones, Aldo García; y Bernardo López, presidente de la Junta Directiva de Puerto Quetzal.

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“Buscamos recuperar los bienes del Estado, sin afectar los procesos legales y sin dar un paso atrás en los avances en contra de la corrupción”, aseguró el gobernante. Morfín fue la encargada de exponer los antecedentes jurídicos.

Al finalizar el encuentro, el congresista Raúl Romero, de Fuerza, aseguró que “el plazo de los 40 días no es para el Congreso, sino es porque se vence un plazo otorgado por algunos bancos y a partir de esa fecha”.

Agregó que el mandatario les pidió su apoyo para que la iniciativa se “apruebe lo antes posible”.

Felipe Alejos, de Todos, añadió que la titular de la PGN les explicó que se analizaron cinco escenarios, pero que al final se decidió presentar un nuevo contrato de concesión directa.

“Como bancada vamos a seguir con los análisis y se citará a varios funcionarios para seguir escuchando las posturas”, agregó.

“¿Cuáles son los beneficios económicos para la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y para el país con la concesión? Esta negociación es un cheque en blanco”, dijo Carlos Barreda, de la UNE, durante la citación a representantes de la EPQ, previo a la cita que se realizó con el gobernante.

En abril el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalaron irregularidades en el contrato con la TCQ.

De acuerdo con las investigaciones, los beneficiados con el usufructo ofrecieron US$30 millones para el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti.

Entre los acusados aparecen los exmagistrados de la CSJ, Douglas Charchal y Vladimir Aguilar; el secretario general de la Presidencia del Partido Patriota, Gustavo Martínez; y el exsecretario de Baldetti Juan Carlos Monzón.