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A la actividad participaron representantes de organizaciones civiles.
• Antropóloga. Irma Alicia Velásquez: “Si un actor ha demandado que el sistema de justicia funcione, ha sido el pueblo indígena”.
• Postura. Rodolfo Orozco, director de CONFECOOP recordó que no se puede criticar a todo el sistema judicial, “pero se hace necesario e impostergable una reforma”.
• Abogada. Annabella Morfin: “La impunidad está carcomiendo a las instituciones estatales. La función del Estado es garantizarnos el bien común”.

“El 63% de guatemaltecos no confía en el sistema de justicia”, explicó Alejandro Balsells, director del Centro de la Defensa de la Constitución (Cedecon), durante el conversatorio “el fortalecimiento al sector justicia para la lucha contra la impunidad”.

Añadió que el sistema judicial que ha dejado dudas en cuanto a sus actuaciones, lo cual provoca malestar, frustración y desconfianza en la población.

La estimación se basa a informes de la Cedecon que detalla que la población tiene poca o nula confianza en las instituciones que integran el sector justicia, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación y la Defensoría Pública Penal.

Balsells aseguró que en la capital uno de los efectos de la falta de credibilidad es la frustración.

Fundación Esquipulas

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En el interior del país las consecuencias de la impunidad se convierten en motivos para que la población se tome la justicia por mano propia. “El sistema de justicia es blanco de constantes actos de corrupción”, añadió Balsells.

A la actividad asistió Velásquez, quien se refirió que “la CICIG no es un súperman para resolver los problemas del país, sino que su fin es ayudar en la lucha contra la impunidad”.

“¿Por qué se generan acciones adversas y virulentas al fortalecimiento de las instituciones de Guatemala?”, expuso Velásquez y añadió que es indispensable que el ente de la Organización de las Naciones Unidas no trabaje sola “debe existir una vinculación entre Estado y la sociedad”.

Balsells recordó que es prudente la prolongación del organismo de investigación internacional cuyo mandato finaliza el 3 de septiembre.

La CICIG se instaló en el país hace siete años luego de autorización del Congreso para investigar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y disminuir la impunidad.