Supervisar al partido de gobierno
Análisis de Helen Mack

El MP ha logrado una autonomía e independencia en las investigaciones, por lo que uno de los puntos que buscan impulsar los diputados de la bancada oficial es que el presidente pueda remover al fiscal general sin mayor justificación, lo cual sería una práctica de la vieja política y así garantizar la impunidad para el Ejecutivo. Hay que estar pendientes de lo que propone el partido de gobierno, porque realizan las mismas prácticas de la vieja política.
 

La falta de consensos entre los diputados detuvo la aprobación final de los cambios a la Ley del Ministerio Público

El interrogatorio por congresistas al procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque luego de presentar su informe de 2015, atrasó la redacción final de las modificaciones a la legislación del Ministerio Público (MP), por lo que los diputados decidieron declararse en sesión permanente después de avalar siete artículos.

Los jefes de bloque acordaron continuar con la aprobación el jueves después de la sesión solemne por la visita del presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís. En la propuesta se incluyen 63 cambios al ente investigador.

El diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada Nacional, mencionó que entre los primeros artículos reformados son la eliminación del Consejo del MP, el cual está conformado tres fiscales y tres miembros electos por el Ejecutivo.

Además, se incluye en el artículo 6 que el Ministerio Público podrá solicitar colaboración de cualquier funcionario y autoridad administrativa de los organismos del Estado información de personas individuales o jurídicas, que le sean de utilidad para la investigación que realiza.

También se acordó que el fiscal general podrá postularse para el cargo, aunque en la propuesta no se especificó si podrá reelegirse.

El embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, apoya las reformas para que fortalezcan al MP y lograr que sea más independiente.

De León Duque resaltó en su informe el incremento de la pobreza a 2014 y el aumento de los precios de la canasta básica. También enfatizó que se siguen violentando los derechos de la niñez y la critica situación en la que se encuentra la red hospitalaria.

A la vez, reconoció que hace falta un diálogo eficiente para reducir la conflictividad social en proyectos extractivos y de energía.

El inicio de la lucha contra la corrupción que se inició en 2015 representó un punto de unificación de objetivos ciudadanos, por lo que corresponde en 2016 continuar la profundización de una agenda común”, indicó el magistrado de conciencia.

Por último, enfatizó en las reformas planteadas por el Tribunal Supremo Electoral a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.