El 12 de enero de 2007 sucedió el cierre del Banco de Comercio. Sus oficinas permanecieron cerradas y dejaron de realizar las operaciones habituales como los préstamos y el retiro de efectivo en las cuentas monetarias y de ahorro. Miles fueron estafados. Nueve años, nueve meses y 15 días después, las autoridades reactivaron el caso con doce detenciones.

Análisis

“La justicia no es pronta ni cumplida”

Existe un retardo en los procesos judiciales. Lo que sí podemos ver es que en el país el acceso a la justicia no es pronta ni cumplida y se demuestra con las detenciones que ocurren años después. Hay que mejorar el acceso a la justicia.

Cada procesado deberá responder ante los señalamientos. El Ministerio Público debe comprobar la participación en el hecho delictivo cada uno de los procesados. Además, si fue como autor o cómplice y especificarlo en tiempo, modo y lugar. Seguramente existen nueva información que permitió hacer investigaciones.

Lorena Escobar, abogada y analista de seguridad y justicia de Asíes

La Policía y la Fiscalía realizaron 17 allanamientos en Villa Nueva y Villa Canales, también en La Antigua Guatemala, en Sacatepéquez y detuvieron a exrepresentantes de empresas vinculadas a la entidad monetaria.

Las personas detenidas habrían participado en el cierre del banco y en el desvío de fondos”, mencionó Ana Elena Guzmán, subsecretaria del Ministerio Público (MP).

Los primeros detenidos fueron Walter Guillermo Chamalé Marroquín, auditor interno; Miguel Alfredo Rosales López, Gerente de operaciones y auditor interno; y Jorge Antulio Dardón Santiago, oficial de cumplimiento del banco.

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Otras nueve personas fueron aprehendidas por representar a empresas con operaciones en la entidad. Además, ocho más fueron citadas para que enfrenten proceso judicial.

El último reporte financiero detalló que el banco tenía nueve mil ahorrantes con capital por Q1 mil 540 millones. Derivado a la estafa y el cierre de operaciones se reportaron 40 decesos de los afectados.

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La investigación científicas determinó que en la “quiebra” del banco colaboró un grupo personas con “bajo perfil” que captó el dinero de los clientes. Luego, el banco otorgó préstamos millonarios sin garantía a empresas vinculadas y relacionadas con dicha institución.

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Los fondos fueron captados por la entidad Organizadora de Comercio con nexos en Panamá lo que “afectó” a los inversionistas y al Estado porque utilizó el Fondo para la protección del ahorro para devolver un porcentaje de dinero a los afectados.

La jueza Claudet Domínguez envió a prisión a los sindicados y la audiencia será el 4 de noviembre de 2016.