La diputada Nineth Montenegro presentó una denuncia contra los titulares del Ministerio de Comunicaciones, del Fondo de Solidaridad Social, la Dirección General de Caminos y la Autoridad para el Manejo del Lago de Amatitlán por irregularidades en los contratos de dragado entre 2012 a 2015, por lo que se presume que cometieron los delitos concurrencia de fraude.

Según la denuncia los contratos fueron adjudicados por excepción y de manera restringida, por lo que se sospecha de un plan, pues la mayoría de las constructoras señaladas en el caso Cooptación del Estado participaron en dichas adjudicaciones.

De acuerdo con la congresista, el Ministerio de Comunicaciones otorgó 36 contratos de dragado más 32 negocios para supervisión de obra por Q1 mil 700 millones. Mientras que el Fondo de Solidaridad destinó a un fideicomiso Q1 mil 414 millones, lo cual se dificultó su fiscalización.

A la Dirección General de Caminos se le señala de haber otorgado Q207 millones, por lo que la Contraloría General de Cuentas señaló que investigar los contratos de dragado y alquiler de maquinaria son obras que más se complica para fiscalizar.