Más de 750 personas interpusieron una demanda contra la Corporación Johns Hopkins Hospital System por su participación en una serie de experimentos médicos realizados en Guatemala en las décadas de 1940 y 1950 en los que los sujetos fueron intencionalmente infectados con enfermedades venéreas sin su consentimiento.

La demanda entablada en Baltimore exige 1.000 millones de dólares como indemnización para individuos, esposas e hijos de personas infectadas con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual durante un programa del gobierno estadounidense llevado a cabo entre 1945 y 1956.

La demanda indica que los funcionarios de Johns Hopkins tuvieron "influencia considerable" sobre los estudios al controlar algunos comités que asesoraron al gobierno sobre cómo aplicar el dinero para la investigación.

La demanda agrega que Hopkins y la Fundación Rockefeller, que también es mencionada como acusado, "no limitaron su involucramiento al diseño, planeación, financiamiento y autorización de los experimentos; sino que ejercieron control, supervisaron, apoyaron, alentaron, participaron y dirigieron el curso de los experimentos".

La querella, que incluye a 774 demandantes, afirma que los experimentos fueron realizados en el extranjero para "dar a los investigadores la oportunidad de probar métodos adicionales de infección de humanos con varias enfermedades venéreas lejos del escrutinio público".

Según el Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos, los investigadores infectaron inicialmente a trabajadoras sexuales guatemaltecas con gonorrea y sífilis, y luego les permitieron tener relaciones sexuales con soldados y reos con la intención de propagar la enfermedad.

La demanda alega que huérfanos, niños y enfermos mentales también fueron infectados intencionalmente sin su consentimiento, y que a algunos individuos se les negó tratamiento.

Las revelaciones de estos experimentos salieron a la luz en 2010. El presidente Barack Obama se disculpó por la investigación, así como la entonces secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton y la entonces secretaria de Salud y Servicios Sociales, Kathleen Sebelius.

"Las personas involucradas eran iconos en Johns Hopkins Hospital y la Fundación Rockefeller", dijo Paul Bekman, un abogado de los demandantes. "Ellos lo sabían, fueron arquitectos de ello, lo planearon, buscaron financiarlo, lo mantuvieron supervisado. Hopkins proporcionó conejos sifilíticos que fueron utilizados para inyectar sífilis a individuos".

En un comunicado por escrito, Hopkins calificó los experimentos como algo "deplorable".

Pero Robert Mathias, abogado principal de Johns Hopkins en el caso, dijo que la demanda "carece de fundamento".

"No fue un estudio de Johns Hopkins. Johns Hopkins no inició, pagó o dirigió este estudio. Fue un estudio del gobierno federal", subrayó Mathias. "Todo aquel que sepa algo sabe que cuando médicos y científicos participan en esos comités, lo hacen en representación del gobierno federal y no en representación de la universidad investigadora o del hospital del que provinieron".

En un comunicado, la Fundación Rockefeller dijo que los estudios son "moralmente repugnantes" y añadió que el gobierno estadounidense debe indemnizar a las víctimas y sus familias. Sin embargo, aclara que la fundación "no diseñó, financió o dirigió ninguno de estos experimentos y no tuvo ningún conocimiento de ellos", por lo que se opondrá a la demanda.

La compañía farmacéutica Bristol-Myers Squibb también es demandada en el caso.