“Lo vemos normal”, se refirió Rafael Rojas, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad, resolvió admitir un antejuicio promovido en contra del magistrado Vladimir Aguilar por su implicación en la negociación del contrato oneroso “anómalo” en la Portuaria en 2012.
Rafael Rojas, presidente de la CSJ, explicó que “se admitió la denuncia y se remitió al Congreso”.

“Lo vemos como un procedimiento normal que debemos resolver apegados en derecho y con la independencia judicial”, se refirió Rojas.

La denuncia fue planteada por la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), quien argumentó que Aguilar incurrió en tráfico de influencias, cuando fue titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN) ya que omitió denuncias del usufructo.

Este es el segundo magistrado de la CSJ que deberá argumentar a los diputados sus pruebas para rechazar los indicios que derivaron en la negociación de un soborno de US$30 millones de la empresa de capital español Transporte de Contenedores Quetzal, S. A., (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).

El martes, el Congreso le retiró la inmunidad al magistardo Douglas Charchal con el voto de 136 legisladores al avalar la recomendación de la comisión pesquisidora de investigar al funcionario.

Lo que sigue

La CSJ notificará durante los siguientes tres días al Organismo Legislativo (OJ) para nombrar a una comisión pesquisidora que se integrará por sorteo con una tómbola, quienes tendrán hasta 60 días para analizar el caso y luego trasladarlo al pleno. Para retirarle la inmunidad bastan 105 votos favorables.

Pendiente un antejuicio

Rojas informó que el pleno solo conoció la denuncia que interpuso la legisladora Montenegro aunque existe un antejuicio por tráfico de influencias que planteó esta semana la Fiscalía y la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala (CICIG) que “reforzaría” el proceso.