La familia Mendoza, supuestamente vinculada al crimen organizado y al narcotráfico, amenazaban a los campesinos y los forzaban a abandonar sus tierras, muchas de ellas heredadas, para apropiarse y legalizarla con ayuda de abogados y funcionarios del Fondo Nacional de Tierras (Fontierras).

Esta estructura criminal ha podido actuar a sus anchas como usurpadores”, mencionó Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Los líderes son Walter Obdulio Mendoza Matta y Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, informó el fiscal Luis Archila, quienes están involucrados en “enriquecimiento ilícito, por eso es el lavado de dinero”. Haroldo Mendoza, hermano de Walter, está en prisión desde 2014 por amenazar y estar vinculado a apropiación de propiedades en Izabal.

Las fincas.

Las fincas.

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El caso, denominado “Génesis, Petén: Impunidad y despojo”, detalla que se apropiaron de 28 fincas, todas colindantes. Las autoridades desconocen el uso que se le daba a las fincas.

Las legalizaciones de las fincas rústicas se realizaron de 2008 a 2011. “Fue mediante el uso de amenaza, engaño y violencia”, explicó Velásquez. “Con hombres armados forzaron a los campesinos a abandonar sus tierras”.

Denuncia

Detenidos.

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El 31 de julio la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denuncia transacciones sospechosas de Ramírez.

Mendoza compra 11 fincas, incluso de personas que ya habían fallecido, y Ramirez adquiere 17, explicó Archila. Posteriormente las propiedades son vendidas a las forestales Ceibal y Chacklum. “El señor Ramírez obtiene Q24 millones por lo menos nominalmente. Creo que estas propiedades valen mucho más”, mencionó Velásquez.

Apoyo de funcionarios

Delegados de Fontierras, como José Gabriel Torres Ayala y Escolástico Gerónimo (prófugo) redactaron informes para retirar la “tutela del Estado”, “el patrimonio familiar” y “el pacto de reserva para el dominio” y así realizar la venta. “Autoridades de Fontierras favorecieron la obtención de tierras a Mendoza y Ramírez”, añadió Velásquez.

Análisis

El fiscal Archila mencionó que se revisará el proceso de compra de las tierras. “Se revisará para ver el procedimiento de extinción de dominio”, explicó.