El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas) y pobladores de las comunidades de la resistencia pacífica de La Puya solicitaron al Ministerio de Energía y Minas, y la Procuraduría General de la Nación el cierre definitivo de tres minas.

Los proyectos mineros denominados Progreso VII Derivada, ubicada en La Puya; El Escobal, Jalapa y el Sechol, en Alta Verapaz.

Rafael Maldonado, asesor jurídico de Calas, indicó que de no realizarse el cierre, el ministro de Energía estaría violando la ley, a la vez, denuncian que en los gobiernos de Álvaro Colom y Otto Pérez se facilitó la entrega irregular de licencias mineras.

Por aparte, las comunidades demandan que se cumplan las leyes nacionales y se cumplan con los estudios de los ministerio de Energía y Ambiente, como la Procuraduría.

La Corte Suprema de Justicia resolvió en junio suspender en definitiva el proyecto en La Puya, mientras que el Ministerio Público allanó las instalaciones debido a denuncias de sustracción ilegal de minerales que se presumen que era oro y plata.